A Coruña ya es oficiamente una zona de mercado residencial tensionado, según recoge la Resolución publicada este martes 29 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida la impulsó el Gobierno local fue aprobada por la Xunta de Galicia y ahora por el Gobierno Central y tendrá vigencia durante un periodo de tres años.
Con esta declaración, A Coruña se suma a otras ciudades como Pamplona o Donostia que han sido catalogadas como zonas donde la tensión en el acceso a la vivienda justifica la aplicación de limitaciones al precio del alquiler, en base a lo establecido por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y convierte a A Coruña en la primera ciudad gallega en obtener esta calificación bajo el marco de la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023. Dicha ley permite limitar precios en zonas con un alto esfuerzo económico de los hogares para acceder al alquiler o a una hipoteca, especialmente si esos precios se han incrementado de forma notable en los últimos cinco años.
La resolución ya está en vigor desde hoy, lo que implica que cualquier nuevo contrato de alquiler afectado deberá ajustarse al marco legal establecido. El Ayuntamiento también podrá aplicar medidas complementarias para incentivar la rehabilitación de viviendas y fomentar el parque público de alquiler.
¿Por qué se toma esta medida?
La decisión responde al encarecimiento progresivo de los precios de la vivienda en A Coruña, especialmente en zonas céntricas y del litoral, donde el acceso al alquiler se ha vuelto inaccesible para gran parte de la población joven y trabajadora. El Ayuntamiento había solicitado la declaración tras presentar una memoria justificativa que evidenciaba este desequilibrio entre salarios y coste de la vivienda.
¿Qué implica?
La declaración permitirá aplicar mecanismos de control sobre los precios del alquiler en aquellos inmuebles ubicados en zonas tensionadas que no hayan tenido un contrato de arrendamiento en los últimos cinco años. En estos casos, la renta no podrá superar el precio máximo establecido por el sistema de índices de referencia, teniendo en cuenta las características del inmueble y del edificio.
¿A quién afecta?
Además, se establece una definición particular de gran tenedor de vivienda en la ciudad: se considerará como tal a la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 viviendas o de una superficie construida superior a los 1.500 m² de uso residencial (sin contar garajes y trasteros). Sin embargo, quedan excluidas de esta definición las administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro con fines sociales. La ciudadanía podrá presentar recursos administrativos o contenciosos si considera que la declaración les perjudica, aunque la resolución ya tiene efecto inmediato.
La vivienda como "derecho”
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha celebrado este martes la declaración oficial de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, una medida que entra en vigor mañana y que, en sus palabras, podría suponer un punto de inflexión para garantizar el acceso a la vivienda. “Espero que la vivienda vuelva a ser lo que siempre fue: un derecho”, afirmó la regidora.
Inés Rey confía en que A Coruña se convierta en “ejemplo para muchos ayuntamientos” y pidió afrontar esta cuestión “con rigor y seriedad”. Agradeció personalmente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el impulso de la declaración, con quien habló esta misma mañana por teléfono.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, subrayó que esta declaración es una muestra de que el Ejecutivo “cumple con A Coruña” y que se trata de “una de las múltiples soluciones” a una problemática compleja como es el acceso a la vivienda.
Rey destacó que esta declaración responde a una realidad cada vez más insostenible: “Es prácticamente imposible poder alquilar una vivienda”. Por ello, definió la medida como un paso que “transforma la vida de la gente”. La alcaldesa también reivindicó el papel de las instituciones y reclamó colaboración a la Xunta de Galicia, que ha mostrado escepticismo sobre la efectividad de esta figura:
Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó nuevamente sus dudas sobre que esta medida sea efectiva. Lo hizo durante una visita a Cruz Roja. "Sinceramente creo, porque xa está declarada noutros lugares, que non soluciona os evidentes problemas de vivenda que hai, pero o Concello da Coruña e moi libre de pedila".
Rueda recordó que la posición del Gobierno autonómico siempre fue que, si la documentación aportada cumplía los requisitos, se haría esa declaración. "Quedou acreditado", sentenció, al tiempo que añadía "Ogallá os feitos non confirmen esa sensación. Agora a pelota está no tellado do Concello. Xa ten a declaración que pedía".
