El concejal de Economía de A Coruña mantendrá el control de la Mesa de Contratación

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la nueva organización de la mesa de contratación del Ayuntamiento. Este órgano, en teoría de perfil técnico, cuenta con una fuerte presencia política, dado que desde el mandato anterior lo preside el concejal de Economía, José Manuel Lage, y seguirá siendo así, como viene siendo habitual en los anteriores gobiernos locales. El único cambio ha sido incorporar al nuevo director de Economía, Emilio Álvarez-Miranda, como vocal. De esta manera, el Gobierno local se asegura un fuerte control sobre este órgano. 

Fuentes internas del Ayuntamiento señalan que la mesa es esencial para poder adjudicar los contratos municipales con transparencia y que debe primar el perfil técnico de sus componentes, como está reglado por la Ley de Contratos del Sector Público. Por eso los más criticos consideran que sería deseable una “mayor despolitización” de este órgano. 
 

Por otro lado, desde el mandato anterior, Lage ha supervisado la contratación en diferentes áreas del Gobierno local. En una intervención pública en octubre, durante el V Congreso Nacional del Observatorio de Contratación Pública, que se celebró en el Paraninfo de la Universidad, el concejal defendió que el número de contratos cerrados es un buen parámetro para medir  el desempeño de una administración pública. “A eficiencia na contratación pública é o principal síntoma dun bo goberno e dunha boa xestión”, declaró.
 

Desde la oposición, tanto el PP como el BNG han reprochado a menudo la tendencia del Gobierno local a concentrar el poder en unas pocas manos, una tendencia que se ha acentuado aún más después de los cambios en el organigrama municipal tras las últimas elecciones. Esto incluye la firma de contratos, reduciendo la el número de personas con autorización para hacerlo. 
 

Lage señaló en el congreso que “na Coruña licitamos só nos primeiros 100 días de Goberno un total de 16.557.323 de euros”. Y añadió que esta cifra es cuatro veces mayor que la ejecutada por la Xunta en los 313 municipios que suma la comunidad.