Puede que el acuerdo entre el Ayuntamiento y Consorcio de As Mariñas haya servido para desactivar la huelga que amenazaban con iniciar los trabajadores de la planta de reciclaje de Nostián, pero todavía no se ha firmado el documento definitivo. Lo que sí se sabe es que el Gobierno local se ha comprometido a una rebaja del precio por tonelada de unos 30 euros. El área pagaba unos 130 euros hasta ahora, pero A Coruña (según la cuenta de resultados de 2022) pagaba cerca de 109 euros.
Esto significa que el precio ofrecido a los municipios del área (el Consorcio agrupa a ocho, todos menos Arteixo) sería más económico que el que pagaba A Coruña. Pero los términos del acuerdo todavía no se han anunciado de forma oficial, y hay mucha letra pequeña en ellos. Por ejemplo, el precio se abarata gracias a una sentencia judicial que dictamina que los municipios no tienen que pagar por el tratamiento de los rechazos.
El precio tendrá que subir en los próximos años, una vez se haya adjudicado la nueva concesión, y el objetivo sería que A Coruña y el área pagasen el mismo precio por tonelada. La intención de As Mariñas es pagar lo mismo (o una cantidad muy similar), a lo que se paga por incinerar la basura en la planta de Sogama, que era la opción que sopesaba para deshacerse de la basura si finalmente no llegaba un acuerdo con el Ayuntamiento coruñés, después de que este decidiera avanzar en los trámites de la nueva concesión de Nostián en solitario. El precio será aún más reducido en los dos primeros años de la concesión. Así figurará en los pliegos administrativos: el objetivo es que la nueva concesionaria no pueda cobrar el precio por tonelada completo hasta que haya construido la nueva planta de Nostián, puesto que la actual está ya obsoleta.
Para el año que viene
Pero no se sabe cuándo podrá ponerse manos a la obra por la simple razón de que aún no se ha licitado y no se podrá hacer hasta el año que viene. A principios de este mes, Medio Ambiente remitirá el borrador del pliego de cláusulas técnicas al Servicio de Contratación, que redactará las cláusulas administrativas antes del 12 de octubre. Luego se enviará a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) de Hacienda para que emita otro informe (no vinculante, pero si preceptivo) antes de aprobarse en Junta de Gobierno local.
Hay que recordar que se trata de uno de los contratos más caros del Gobierno local, y que la concesión la gestiona Albada de forma irregular desde enero de 2020. Es decir, que serán más de cinco años de retraso.
