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viernes | 19 abril | 2024
A Coruña tiene 500 viviendas en alquiler en el circuito de comercialización, una cifra que se traduce en un mínimo histórico y que, además, viene de la mano de los precios más altos registrados hasta la fecha.
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) indica, en su último informe sobre la oferta y demanda de la vivienda en arrendamiento, que el precio medio de los inmuebles en el mercado de la ciudad es de 8,2 euros el metro cuadrado. Es decir, un 5,5% más que en el mismo periodo de hace un año.
Todavía hay más datos que se pueden analizar de lo complicada que es la situación para todos aquellos que busquen alquilar una vivienda. Una opción que, además, es la elegida en la actualidad por el 28% de las unidades familiares, el mismo porcentaje que Vigo. Así, el 21% de los pisos en arrendamiento supera los 1.000 euros; un 92% cuestan más de 500; y tan solo un 8% tiene un precio inferior a los 500. No solo eso, y es que el 12% de los inmuebles no están en un estado óptimo o su mobiliario es deficiente, a la vez que los problemas de humedades o aislamiento térmicos y acústicos se dan en un 18%.
Las causas que pueden dar respuesta al porqué de una oferta tan baja y a un precio que no toca techo es la “desconfianza absoluta de los propietarios hacia una ley estatal de vivienda que las deja en una situación de inseguridad jurídica. Derivación de viviendas de alquiler tradicional hacia el vacacional, por rentabilidad y seguridad”. La patronal inmobiliaria, además, considera que faltan incentivos y bonificaciones fiscales a los propietarios.
El presidente de Fegein, Benito Iglesias, se muestra preocupado por lo que ya es un mercado con un rango de precios “no asumible para todos”. Adelanta, entre otras cosas, que “los tipos de interés se moverán hacia el 4-4,5%, lo que expulsará del mercado al 15% de las familias gallegas que a principios de año sí podían acceder a una hipoteca y ahora ya no pueden. Esta problemática, y con un grifo de financiación hipotecaria que se empieza a cerrar a imagen y semejanza de lo que sucedió en la crisis del 2009, espoleará la demanda de viviendas en arrendamiento más aún”.
Iglesias teme que el año 2023 sea un ejercicio “complejo y difícil en materia de vivienda, con mucha incertidumbre y con previsiones preocupantes para las unidades familiares de rentas bajas”. Así, las familias podrían ver cómo su capacidad de ingresos y gastos se verá mermada, “por lo que es posible que decidan decantarse por viviendas más económicas que a las que inicialmente aspiraban en el mercado de las viviendas en arrendamiento, ya que las posibilidades de adquisición de una propiedad les será inviable económicamente”.
“Si la inflación se prolonga en el tiempo podría acabar erosionando notoriamente el ahorro acumulado de los hogares gallegos, lo que puede dificultar la accesibilidad a la vivienda a corto plazo”. Así de tajante se muestra el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, quien urge un parque social de viviendas y una política de protección oficial acorde a las necesidades reales.
Por ello, considera que Galicia necesita “con urgencia y sin más dilación” más de 12.000 inmuebles de protección oficial en el mercado, únicamente para poner a disposición de sus propios habitantes como plan de choque para atender las necesidades de quienes no pueden tener una vivienda en propiedad en el mercado libre y que a mayores les cuesta llegar a fin de mes “al tener que asumir un coste del alquiler que deriva a que dos tercios de las familias gallegas lleguen con mucha dificultad a fin de mes”. Menciona, además, lo complicado que es para los jóvenes emanciparse. “La única alternativa para los jóvenes es el arrendamiento, y aún así los elevados precios no les permite alquilar una vivienda en su totalidad, siendo el alquiler compartido su única opción”.
