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sábado | 20 abril | 2024
Estas navidades han sido las últimas del poblado de A Pasaxe, que a finales de mes será desalojado. Con el tiempo agotándose, los representantes legales de los chabolistas que quedan, cinco o seis familias, han presentado recursos de reposición ante Demarcación de Costas. Aunque es previsible que la entidad lo deniegue, los chabolistas no descartan continuar un proceso por lo contencioso-administrativo.
Según explica la representación legal, en el escrito de Costas solo se menciona una ocupación ilegal, pero no se especifica que esta ocupación son domicilios, que gozan de una protección constitucional que simplemente no se tiene en cuenta. Los abogados de los chabolistas consideran que el proceso no puede realizar de manera tan “simple y directa” como pretende Costas, y que la situación exige una mayor garantía que tener 15 días para recurrir.
Han tenido que darse prisa para redactar los recursos. El problema que se presenta es que la respuesta de Costas tendrá lugar después de que el desalojo de las cinco chabolas se haya hecho efectivo. Los abogados esperan que se obtenga una respuesta para febrero o marzo, aunque probablemente sea negativa, y a partir de ahí acudir a los tribunales.
La situación es más grave por la falta de diálogo: los representantes de los chabolistas han solicitado hasta en tres ocasiones una reunión con el Gobierno local para pactar la salida de sus clientes.
Sin embargo, no han recibido respuesta, y al ser preguntada por ese punto Inés Rey, la alcaldesa, respondió con evasivas, señalando que se hablaría con quien fuese necesario, sin especificar si encuentra necesario hablar con los abogados de los chabolistas, o no. Ni siquiera se les comunicó la ampliación del plazo para abandonar el poblado. El Gobierno local siempre ha puesto sobre la mesa la labor realizada por los Servicios Sociales, que han permitido reubicar en pisos de alquiler social a los chabolistas que se han avenido a ello, a pesar de lo difícil que resulta encontrar caseros que se avengan a ello. Sin embargo, los abogados consideran que el proceso no ha sido tan modélico y hablan incluso de prácticas intimidatorias, en la que los chabolistas han sufrido la presión de las trabajadoras sociales para marcharse o el derribo de chabolas cuando estas se hallaban vacías, alegando que creían que estaban desalojadas.
En todo caso, el Ayuntamiento sigue tratando de vaciar el poblado antes de que expire el plazo. “Si quieren que sea pacífico, que nos digan algo, que haya un diálogo”, comentan los abogados.
