El Ayuntamiento precintó en marzo, por primera vez, un piso turístico en la ciudad. El propietario había recibido una orden de cese de actividad por incumplir la normativa urbanística municipal. Pero, para sorpresa de los particulares que denunciaron la situación desde el año pasado, este vuelve a estar disponible en la plataforma de alquiler Airbnb. 

No solo eso. Hospedarse en esta vivienda de uso vacacional ni es fácil, ni para todos los bolsillos. El alojamiento acepta reservas de mínimo dos noches, para las cuales el precio en julio supone una cifra de nada más y nada menos que 810 euros. Además, en julio solo tiene disponibles tres días, ya que el resto están reservados. En agosto, mismo precio, con algo más de disponibilidad, quince días libres de huéspedes, por ahora.

En la orden de cese de actividad que recibió el propietario se encuentra señalado el importe de las multas coercitivas que se podrían aplicar en caso de incumplimiento. Estas, además, serían reiterables: de 1.000 a 10.000 euros. Pero si se tiene en cuenta que el mínimo de reserva en este alojamiento es de dos noches y que el importe suma 810 euros, alquilar el piso todo el mes supone una ganancia de 12.150 euros.
Asimismo, de no cumplir con la orden municipal, el Ayuntamiento podría aplicar otras medidas que sean convenientes “en pro de la efectividad de la suspensión”. En estas se encuentra, por ejemplo, la retirada de materiales, la suspensión de suministros o la ejecución forzosa.

Los hechos

El inmueble, situado en un elevado piso del barrio de Zalaeta, está inscrito en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) de la Agencia de Turismo de Galicia. Ya en agosto de 2024, el Ayuntamiento recordó al propietario que el ejercicio de esta actividad requiere la presentación del “impreso de comunicación de uso turístico” y le notificó que, en su caso, el servicio que ofrecía era contrario a la normativa urbanística municipal, puesto que esta no permite la implantación de este tipo de actividad turística en pisos o locales destinados a viviendas de uso residencial.

Tras denuncias presentadas por particulares, la Policía Local visitó el piso, en el que el dueño aportó la comunicación de inscripción en el REAT. Sin embargo, el Gobierno local apuntó hace un par de meses que el propietario no había presentado todavía la documentación previa de actividades de uso turístico.
Es decir, este piso fue precintado por carecer del título municipal habilitante para el desarrollo de su actividad, pero también por resultar incompatible con el planeamiento urbanístico. Por ello, se determinó que es ilegalizable para el fin turístico.

La ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico entrará en vigor antes de que acabe el verano. Se estima que el 50% de las viviendas destinadas a esta actividad en la urbe no cumpliría los requisitos que impone la nueva regulación.