El número de beneficiarios de la Risga cayó un 17% en la ciudad este año

La Delegación de la Xunta, en Nuevos Ministerios | javier alborés
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Este año que acaba ha registrado el comienzo de la recuperación económica tras el parón provocado por la pandemia, que dejó a muchas familias, sobre todo las que ya se encontraban en una situación precaria, sin recursos. No es de extrañar que 2020 registrara un número récord de Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) con 1.243 beneficiados, según datos de la Consellería de Política Social. Sin embargo, en lo que va de año, el número ha caído un 17%, pasando a 1.039, el número más bajo de los últimos cinco años.


Sin embargo, las cifras no invitan tanto al optimismo como pudiera pensarse en un primer momento. Los técnicos de la Xunta consideran que gran parte del descenso se debe a que a la Risga le ha salido competencia: el Ingreso Mínimo Vital, con unos requisitos parecidos pero que ofrece un importe mayor. El Ingreso Mínimo Vital garantizará a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes); aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas.


Como ambas ayudas son incompatibles, muchos beneficiarios de la Risga se borran de ella para inscribirse en el IMV. Es por eso que este año se ha comenzado a elaborar la reforma de la Lei de Inclusión Social. El objetivo es modernizar y agilizar los recursos a disposición de las familias más vulnerables, tanto la Risga, como las Axudas de Inclusión Social (AIS). Además, el plan es aprovechar esta reforma para reducir al máximo la burocracia con la que se enfrentan los solicitantes de estas ayudas.


Uno de los cambios que proyecta la Xunta implantar es que el Ingreso Mínimo Vital vaya asociado a la integración sociolaboral, una condición que a día de hoy no existe. De hecho, el Gobierno autonómico quiere controlar estas ayudas, que ofrece el Gobierno central, para evitar el solapamiento de subsidios y sobre todo, agilizar la tramitación. Este proceso de reajuste se iniciará con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%.

El número de beneficiarios de la Risga cayó un 17% en la ciudad este año