La mujer ignorada

¿Es posible decir que, en Cataluña la democracia es de baja calidad y el ejercicio de algunos derechos es de difícil? Hay datos que lo demuestran. El TSJC dictaminó la obligación de impartir al menos el 25% de la enseñanza en español. La Generalitat se llamó a andanas. Hace unas semanas, el Supremo confirmó la sentencia y la Generalitat dijo que no la iba a cumplir. Como en ocasiones anteriores. Lo grave se ha producido poco después cuando se ha acosado a la familia de un niño de 5 años por pedir y conseguir que se obligara a su escuela a cumplir la ley. Parecería más lógico pedir, al menos, la igualdad entre las dos lenguas cooficiales. Pero eso ya es pedir un imposible.

No quiero entrar en el fondo del problema. En la vulneración de la legalidad. En el acoso a un niño de cinco años. En que se haya hecho pública en redes sociales la supuesta identidad de los padres y su negocio. En que la escuela “cumpla” la sentencia pero que las clases en español sean las menos importantes. En el silencio del Ministerio y hasta del Defensor del Pueblo. Marcar, perseguir, acosar y amenazar a un niño de cinco años recoge lo peor del fascismo, del nazismo, del comunismo y del populismo. Solo falta que pidan crear campos de reeducación para los “disidentes”.

A lo que voy es a que la justicia catalana ha sido fundamental también en la pandemia, ante la dejación de las autoridades o ante las medidas que limitaban derechos, ante la discriminación de la Generalitat relegando a la Policía en la vacunación mientras se aceleraba la de los mossos y en otros casos. No es de extrañar tampoco que los jueces allí destinados pidan el traslado de Cataluña a la primera ocasión. Ni tampoco los intentos de asalto electoral al Colegio de Abogados de Barcelona para conseguir su sumisión al procés, como ya sucede en otros Colegios. Sin muchos jueces, algunos tribunales y, sobre todo, la impecable e independiente labor del TSJC, la situación sería peor.

Hay que imaginar lo que hubiera sido la Justicia en Cataluña de haber prosperado la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, como figuraba en el Estatuto y suprimido por sentencia del Constitucional en 2010. Hubiera actuado prácticamente al margen del CGPJ y sus miembros habrían sido designados por el Parlamento de Cataluña, con mayoría independentista. Si así hubiera sido la justicia en Cataluña funcionaría como la educación: al servicio de la mitad de Cataluña y en contra de la otra mitad, así como de los derechos básicos de los ciudadanos. Sin marcha atrás y con el silencio cómplice de muchos.