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jueves | 25 abril | 2024
Son muchos los barrios que sufren en menor o mayor grado, el problema de la okupación de inmuebles. Es un fenómeno complejo, y que no siempre es conflictivo, pero sí lo es en el caso de Os Mallos o de Peruleiro, donde llevan soportándolo desde hace años: robos, agresiones, peleas, suciedad... Son incidentes continuos que arruinan la convivencia y la tranquilidad. El proceso legal para expulsar a los ocupantes ilegales deben ser llevado a cabo por los dueños de los inmuebles, y es demasiado largo para el gusto de muchos, pero en Peruleiro comenzará la semana próxima, para alivio de los vecinos. El primer edificio en verse desalojado será el 21-23 de la avenida de Peruleiro. Pero no será el último.
En total son cuatro los inmuebles okupados, con diferentes propietarios, que se han unido en un frente común y con el mismo representante legal para expulsar a los okupas (muchos de ellos inmigrantes irregulares de origen magrebí) de los viejos inmuebles. El más problemático es el número 29 de la misma avenida, que comenzó su ocupación en 2018. Hubo actuaciones policiales, denuncia, pandemia.
El primer proceso ha tardado menos de tres meses, tras una reunión con
el Gobierno local en septiembre
Cuando salieron a la luz informaciones que apuntaban a que una de los principales obstáculos para expulsar a los okupas era la falta de colaboración de los propietarios de los inmuebles, que en ocasiones eran difíciles de localizar, el dueño del número 29 se puso en contacto en agosto con el Ayuntamiento. “Ya en ese momento se había denunciado civilmente por ocupación, y después penalmente. Ya entonces había varios okupas”, explican fuentes cercanas..
El problema es que el procedimiento inicial había caducado, y habían tenido que volver a empezar. Pero en dicha reunión con los responsables de las diversas concejalías también estaban presentes las propietarias del 21-23 y del Camino del Pinar 7, que decidieron reunirse bajo la misma representación legal. En septiembre, se presentaron todas las demandas.
La primera sentencia en salir fue el juzgado de primera instancia número 1, que dictó el desalojo para este mismo mes. Los próximos serán el del 29 y el del Camino del Pinar número 7, cuyos casos se están solucionando por procedimientos distintos. Todo apunta a que el número 29 será el último en ser desalojado. El dueño recuerda que había cerrado el edificio completamente. “Nos cambiaron la llave y todo, tampoco había luz ni agua”, explica. Un problema que no arredró a los jóvenes magrebíes. “A fecha de hoy no sabemos qué cantidad de personas están ocupando el edificio”, reconoció su representante legal.
Esta clase de apropiaciones sitúan al dueño del edificio en una situación incómoda, puesto que sigue siendo el responsable de lo que ocurra en él, hasta cierto grado. En el caso del número 29, el Ayuntamiento requirió al propietario para que limpiara la basura que se había acumulado en la terraza. Afortunadamente, el juzgado consideró que no se podía acatar esa orden hasta que se expulsara a los okupas.
Es una situación que demuestra que el sistema judicial puede ser relativamente ágil dado que se presentó al denuncia del número 21-23 en septiembre y, menos de tres meses después, va a ser ejecutada. Pero también pueden surgir dificultades, como ilustra el caso del número 29.
Desde la representación legal explican que en este caso se había optado por la vía penal y cuando se acudió a la civil ya había pasado más de un año de ocupación, por eso fue necesario comenzar de nuevo el proceso. “No es un tema inmediato. No se puede resolver en cuestión de un día o dos, pero se resuelve razonablemente rápido, si se cumplen una serie de requisitos”, señalan. De hecho, uno de los ocupantes del número 29 solicitó la justicia gratuita, lo que podría haber ralentizado el proceso pero el juez no se la concedió, basándose en que podría alegar lo que deseara más adelante.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego, aseguró hace un mes que se están llevando a cabo los mismos pasos contra la okupación en OsMallos que se dieron en su día en A Falperra y en Peruleiro. Borrego recordó que se trata de un proceso largo y que debe ser llevado a cabo por los dueños: “A veces es más difícil localizar a un propietario pero también nos decían en Peruleiro que había propietarios que estaba totalmente desentendidos del problema y que conocían la okupación, y al final no era cierto”.
