Feijóo concluye que el conflicto por la AP-9 demuestra que Galicia debe gestionar la vía

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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha vuelto a pronunciar este viernes a propósito del expediente abierto por la UE por las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9 y ha concluido que lo ocurrido ratifica que Galicia debe gestionar" esta vía de vertebración de la comunidad. En todo caso, se ha mostrado poco "optimista" sobre que este expediente pueda tener un impacto económico en Galicia.


En declaraciones a los medios este viernes en Santiago de Compostela, Feijóo ha apuntado que lo que conoce es que se estudian las "decisiones de las prórrogas" de la autopista. En concreto, según figura en la información comunitaria, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.


Tanto la duración como el alcance de la concesión están bajo la lupa de Bruselas, ya que la regulación comunitaria establece que la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante concurso público. De esta forma se da la oportunidad a las empresas interesadas a optar a la concesión, promoviendo un mejor servicio al menor precio.


Para corregir esto, Bruselas espera que las autoridades españolas saquen la renovación de la AP-9 a concurso público, lo que debería haberse hecho al acabar la vigencia de la concesión, en lugar de prorrogarse.


Sin embargo, Feijóo entiende que está bajo cuestión la actuación de todos los gobiernos desde los años 70 hasta José Luis Rodríguez Zapatero --la obra decidida por el Gobierno socialista se materializó bajo el gobierno de Mariano Rajoy--, pasando por el de Felipe González y José María Aznar.


Faltó un requisito

El pronunciamiento del Ejecutivo comunitario parte de la asociación gallega En-Colectivo, que en julio de 2020 presentó una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 --hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González-- y 2000 --hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar-- por considerar que vulneran la normativa comunitaria.


Feijóo subraya que la UE entiende que "faltó un requisito, que es la publicidad y concurrencia" en las últimas dos concesiones. "Por lo tanto, vamos a ver si esas decisiones del Gobierno español reiteradas desde la décadas de los 70 son contrarias a la competencia y al derecho comunitario", ha apuntado.


Transferencia

En todo caso, el presidente autonómico ha concluido que esta situación "viene a justificar la solicitud del Parlamento y del Gobierno gallego "de la transferencia de la autopista a Galicia, para que sea el gobierno democrático de Galicia el que tome cuenta de la autopista, que es la columna vertebral de los gallegos, los que la usan y la pagan".


"Volvemos a solicitar de nuevo la transferencia", ha remarcado Feijóo, quien ha dicho que cuando se dirima si se cumplió el principio de concurrencia o se va en contra de las directivas europeas, la Xunta "acatará la sentencia que se traslade en su caso".


Con todo, ha señalado que esta situación "mucha operatividad y mucho impacto en la situación de la autopista en Galicia no va a tener". "Lo que puede haber es un aviso de un incumplimiento para que no vuelva a ocurrir". "No soy muy optimista de que esto vaya a tener algún impacto económico en favor de Galicia", ha indicado, antes de sentenciar que "Galicia lo que necesita es la transferencia".


"Esa autopista debe de ser gestionada por los gallegos, porque somos los que pagamos todos los días, a pesar de larebaja, que es una excelente noticia", ha sentenciado. 


El BNG pedirá suspender la concesión

El BNG ha avanzado que llevará al Congreso una serie de iniciativas con el objetivo de "suspender la concesión" de la AP-9 a Audasa, después de que la UE declarase ilegales sus sucesivas prórrogas hasta 2048 y decidiese emprender acciones jurídicas. El objetivo es que la autopista pase a estar "libre de peajes".


Así lo ha explicado el diputado del Bloque en la Cámara Baja, Néstor Rego, quien en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Parlamento gallego ha tachado de "absolutamente escandaloso y conocido" lo que determinó esta semana la UE por la forma con las que se otorgaron las prórrogas.


"Hubo actuaciones que discriminaron a nuestro país (Galicia)", ha subrayado, al tiempo que ha recordado cómo otras infraestructuras de la misma generación de la AP-9 finalizaron sus concesiones y estas "no fueron prorrogadas".


En el caso de la Autopista del Atlántico, Rego ha cargado tanto contra la prórroga de 10 años aprobada por el Gobierno de Felipe González como contra la de 25 años que acordó José María Aznar. De no haberse producido estas operaciones, la concesión "habría acabado en 2013", ha recalcado el diputado nacionalista.


Por tanto, se trata de "un saqueo ilegal a todos los gallegos y gallegas, que llevamos pagado ya ocho años lo que no tendríamos que haber pagado".


La UE considera que es ilegal por la forma de dichas prórrogas, pero Rego ha instado a las instituciones comunitarias a que "profundicen más".



Asimismo, el diputado del BNG en el Congreso ha recordado que hay una ley en trámite en esta Cámara con el objetivo de que sea "de titularidad gallega". 


El PSdeG dice que la prórroga fue un "chollo"

El viceportavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego y vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, ha culpado al PP de la prórroga de la A-9, un "auténtico chollo" para la concesioanria ha dicho.


En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, ha vuelto a insistir en que la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048, por la que Bruselas expedienta a España, fue "un regalo de 25 años de Aznar" y ha reiterado que Feijóo no lo cuestionó.


Preguntado por la prórroga aprobada en 1994 con el gobierno socialista, ha afirmado que hay "diferencias" en relación con la de Aznar. Así, ha argumentado que con los socialistas fue durante diez años y cuando Audasa "era pública".


"Se sabía que iba a ser privatizada", ha añadido en referencia a la etapa de Aznar y cuestionando también el plazo de la prórroga. "Se discriminó a Galicia", ha señalado en relación a lo sucedido con otras autopistas españolas. 


Por su parte, el secretario del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha criticado la respuesta del presidente de la Xunta,  ya que le parece que está usando la "estrategia del avestruz". 


"El presidente Feijóo es un especialista en escapismo, pero era muy amigo del Gobierno de Aznar cuando decidió privatizar la empresa pública Audasa y le dio 25 años más", ha dicho Caballero, para quien Núñez Feijóo está "fuera de juego" en este asunto porque es "responsable en parte" de que los gallegos paguen más tiempo por el uso de la autopista.


En-Colectivo vislumbra la gratuidad de la autopista

La Asociación de consumidores En-Colectivo, responsable de la denuncia ante la Comisión Europea, vislumbra la gratuidad de la autopista gallega en cuestión de meses y estudia reclamar todos los peajes indebidamente cobrados a los usuarios.


“La apertura de este procedimiento es una noticia sin precedentes que podría suponer la finalización de la concesión y la supresión de los peajes de la AP-9”, ha dicho en rueda de prensa el abogado y presidente de En-Colectivo, Diego Maraña.


“No sabemos lo que España va a hacer”, ha dicho el abogado Carlos Cenalmor, del bufete Gándara Moure, quien entiende que la capacidad de maniobra del Estado es mínima, sobre todo dados los precedentes con una autopista italiana.


“Teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia Europeo ha establecido que la prórroga de la concesión de la autopista italiana infringe la normativa europea, en el caso de las prórrogas de la AP-9, que conozco los dos procedimientos, son muchísimo más graves, por tanto entiendo que España no va a tener razones que alegar a la comisión para hacer ver que las prórrogas son legales”, ha señalado.

Feijóo concluye que el conflicto por la AP-9 demuestra que Galicia debe gestionar la vía