La nueva reforma universitaria, presentada este martes en primera vuelta al Consejo de Ministros, busca reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40% permitido al 20%, y subir el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55%.
Una buena parte del personal docente e investigador (PDI) está afectado por “un grado alarmante” de precariedad laboral, que se manifiesta en el uso inadecuado de figuras de profesorado como las de visitante, interino, sustituto y, de manera notable, de asociado, explica en la exposición de motivos el propio anteproyecto. En 2020 alcanzaban cerca de 35.000 personas, representando un 34,4% del conjunto de los PDI.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Universidades, Manuel Castells, subrayó la intención de su departamento de incrementar también la financiación de las universidades públicas hasta el 1% del PIB en una década, situando a España en la media europea, con ayuda de las autonomías. La futura ley orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001, incorpora un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos, así como de los decanos.
Se cambia una “definición por rango a una por méritos”, de modo que podrá ser rector cualquier funcionario que tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la Universidad durante “al menos 4 años”, añadió el ministro.
