La ya imposible relación del Gobierno con los jueces

El contencioso, menos que larvado, entre el estamento judicial, así, en general, y el Gobierno no puede prolongarse ya más tiempo. Día tras día encontramos tropiezos de ministros frente a decisiones judiciales que son auténticos revolcones judiciales, como el que una juez de Ceuta dio al titular de Interior, Grande-Marlaska, suspendiendo, con un auto escrito en términos durísimos, las repatriaciones de niños marroquís a su país de origen. Pero este ha sido solamente el último revés; Pedro Sánchez se tendrá que poner ya mismo a taponar este boquete.

Qué duda cabe de que el presidente del CGPJ Supremo, Carlos Lesmes, lanzará una nueva, pero sin duda más contundente, advertencia al Gobierno en la inauguración del año judicial este próximo 6 de septiembre, para que de una vez acuerden la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Por cierto que también el Constitucional y el de Cuentas tienen parcialmente vencidos los mandatos de sus integrantes, lo que está dando origen a serios enfrentamientos en los que proliferan acusaciones que alguna vez se expresan en voz alta, como cuando la ministra Belarra dijo que “los jueces son la oposición al Gobierno”, evidenciando lo que otros dicen en voz baja.

Las deficiencias estructurales en la manera de elegir a los jueces generan un mal funcionamiento que en la actualidad se extiende a la elección ‘a dedo’ del fiscal general del Estado. Pero todas las propuestas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e incluso de la Constitución en los artículos correspondientes, se han estrellado hasta ahora en el vacío de la falta de acuerdos entre los dos grandes partidos.

Así, ese mal funcionamiento queda patente en los reveses de los tribunales europeos a las decisiones de la Justicia española, maniatada por unas leyes insuficientes y arcaicas que nadie reforma ni actualiza; y se evidencia también en la falta de coherencia de unas decisiones judiciales en relación con otras en distintos puntos de España. Ello lleva a fricciones. Y mientras, el Ejecutivo no parece hacer demasiado caso ni al Supremo cuando se opone a los indultos para los presos del ‘procés’ ni al Constitucional cuando le enmienda la plana por la manera de tramitar los estados de alarma.

Sí, los jueces están enfadados. Y ello algo podría llegar a tener que ver con que un órgano judicial acuse nada menos que al ministro del Interior de saltarse la ley. Lo cual supone una alteración casi sin precedentes en las reglas de juego de las democracias. Cierto es que no siempre se han respetado estas reglas, ni en su espíritu ni en su literalidad.

Es forzoso que el Ejecutivo reflexione sobre las muchas anomalías democráticas que salpican las relaciones entre los poderes clásicos de Montesquieu. Es verdad que el Gobierno de Sánchez puede, especialmente en las últimas semanas, exhibir logros dignos de aplauso, sobre todo para algunos Ministerios. Pero no menos cierto es que sin un respeto escrupuloso a esas normas, algunas no escritas, que regulan las democracias más escrupulosas, llegará un momento en el que, simplemente, ya no habrá democracia digna de tal nombre en España. Y no, no exagero: pregúntele al antiguo juez Marlaska.