La justicia condena al ministro de Justicia

La justicia condena al ministro de Justicia
Magistrados y fiscales secundaron ayer el paro convocado por los trabajadores contra las reformas de Gallardón

Una virtud le reconocen al ministro de Justicia todos los profesionales que ayer participaron en el paro convocado a las puertas de los juzgados, en protesta, precisamente, de las reformas impulsadas por su ministerio: haber sido capaz de alinear en su contra a colectivos con intereses tan dispares como son los jueces, los fiscales, secretarios judiciales, forenses, trabajadores y usuarios de la administración de justicia.

De todos ellos había representación en la protesta impulsada por la plataforma en defensa de este servicio público, que engloba a todos los sindicatos con representación en el sector, y secundada a nivel estatal por la comisión interasociativa de jueces y fiscales y el Consejo de la Abogacía.

Porque lograr la unidad de todos los operadores jurídicos es el único cumplido que conceden a Alberto Ruiz Gallardón las voces que, desde el mediodía y en conexión con el resto de juzgados de España, hicieron uso de la rima fácil para pedir a coro la dimisión del responsable último de reformas como la de la recién aprobada Ley de Tasas Judiciales o la del Registro Civil, todavía en ciernes.

\“Estamos aquí por su incompetencia, prepotencia, tozudez rayana en la osadía, que ha conseguido unir a todos en contra de su criterio\”, se explayaba el decano del Colegio de Abogados, Antonio Platas, que participó en la protesta arropado por parte de la directiva del ente colegial.

A pocos metros se escuchaban los argumentos, similares, de la jueza decana de A Coruña, María Teresa Cortizas, que destacaba el \“importante seguimiento\” del paro en cuanto a suspensión de juicios previstos para esa hora: \“Existe un descontento ante las reformas del ministro, reformas en las que no se ha tenido en cuenta la opinión de nadie. Creemos que Gallardón ya no es un interlocutor válido\”.

\“Nos están metiendo las reformas con calzador\”, censuraba desde la pancarta de la nueva asociación de abogados Alaga su secretaria, la letrada Beatriz Núñez, y lo mismo en el grupo que conformaban los representantes de los sindicatos UGT, CCOO, CIG, USO, CSIF y STAJ, que representan a los funcionarios de los juzgados coruñeses.

\“A xustiza está hoxe no ollo do furacán pola ansia privatizadora e recaudatoria do señor Gallardón\”, resumía el portavoz de UGT, Sergio Riveiros, mientras su homólogo en CCOO, Jorge Suárez, focalizaba en el ciudadano las consecuencias de los cambios que se están introduciendo en la administración de Justicia. \“Las clases media y baja serán las más perjudicadas frente a empresas que pueden desgravar las tasas o la administración, que no las paga\”, ejemplificaba.

registro civil

Si existe, más allá de la ya aprobada Ley de Tasas, una medida que preocupa a todos los colectivos presentes ayer, esa es la que afecta al Registro Civil, cuya gestión podría pasar a manos de registradores de la propiedad. \“Estamos muy sensibilizados, nos consta que no es agradable para el ciudadano, porque lo que era absolutamente gratis y funcionaba muy bien, ahora tendrá que remunerarse y no sabemos cómo funcionará\”, reflexionaba el magistrado del Registro Civil, Jesús López, preocupado, sobre todo, por el futuro de sus funcionarios.

La \“salvajada\” que esa privatización supone a ojos de los sindicatos lo es más si, como ayer denunciaban, el cambio en el Registro trae aparejadas unas ganancias anuales de dos millones de euros, al acabarse con la gratuidad de trámites y certificados \“¿Non ten entón finalidade recaudatoria?\”, se preguntan.

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