9º-16º
martes | 23 abril | 2024
La primera jornada del juicio por la catástrofe provocada por el accidente del petrolero \“Prestige\” podría ser casi la última de aceptar el tribunal la petición de nulidad de la causa solicitada por la defensa del capitán del buque.
El letrado José María Ruiz Soroa, que representa a Apostolos Mangouras, reclamó la suspensión del proceso basándose en que se pide la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio.
Entiende además que \“no se garantizaron derechos fundamentales\” de su patrocinado y advirtió ante el tribunal numerosas irregularidades en el proceso. Desde la entrada a bordo del \“Prestige\” de personal de las administraciones españolas sin la autorización judicial pertinente hasta la ocultación de datos sobre el mal estado de la embarcación, cuestión fundamental, consideró, dado que gran parte de las acusaciones se basan en esta premisa.
En este punto hizo especial énfasis el abogado, que denunció la inspección submarina llevada a cabo de forma unilateral por el Estado español para conocer el estado de la estructura del buque, sin oportunidad de participación de la defensa y fuera del proceso.
Estas críticas le llevaron a preguntarse si la Sala es \“capaz de garantizar un juicio justo\” a su defendido, momento en el que recordó que los representantes del Estado calificaron de \“pirata\” a Mangouras a los pocos días de producirse el accidente. Una \“postura beligerante\” que hace \“arduo\” el trabajo de la defensa, aseguró.
El abogado José María Ruiz Soroa
se pregunta si la
Sala es capaz de garantizar a su cliente un juicio justo
El desarrollo de esta petición anulación del delito contra el medio ambiente de que se imputa al capitán del \“Prestige\” –con la exposición pormenorizada de la información y métodos de obtención de esta sobre el estado del petrolero– fue atajado por el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, que lo consideró \“impertinente\” en este momento del proceso.
Ruiz Soroa continuó entonces con la consideración de prueba irregular e ilícita de la documentación \“extraída\” del barco por parte de dos funcionarios de Capitanía Martítima, obtenida con la \“violación de derechos fundamentales\”, sin \“garantías en la cadena de custodia\” y merecedora, por tanto, de anulación.
Asimismo, recordó que desde el 13 al 19 de noviembre de 2002, cuando el \“Prestige\” navegó con rumbo errático frente a las costas gallegas, se tomaron una serie de medidas que en ningún caso estaban respaldadas por la autoridad judicial y que cuando las autoridades españolas asumieron el control del barco tomaron decisiones \“equivocadas\”.
El defensor respondió a un punto recurrente en los escritos de acusación y recalcó que en ningún momento el buque estuvo abandonado, ya que en todo momento se encontraron a bordo su capitán o miembros de la empresa rescatadora contratada por el armador.
Pidió, por último, que reconsideren pruebas que le fueron denegadas, así como una copia de la sentencia del Tribunal federal de Estados Unidos, en la que la clasificadora ABS quedó exenta de pagar la indemnización reclamada por España. n
