10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
El alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, ha quedado formalmente imputado por un presunto delito de fraude fiscal tras prestar declaración ante el juez José Antonio Vázquez Taín, aunque el alcalde en su declaración ante los periodistas insistió en que él no ha cometido un delito fiscal.
Fuentes jurídicas explicaron que el juez hará público hoy un auto con la resolución, la situación procesal de Conde Roa y los próximos pasos a dar, aunque el abogado del alcalde confía en que pronto se archive la causa.
Conde Roa prestó declaración ayer en los juzgados de Santiago durante aproximadamente una hora y media a raíz de la querella presentada por la Fiscalía a instancias de Hacienda por el impago de 291.200 euros en concepto de IVA.
El abogado defensor insiste en que \“no hubo dolo\” porque \“no existió ánimo
de defraudar\”
Esta cantidad procede de este impuesto por la venta de 61 viviendas por la empresa Geslander Proyecto de Edificaciones, S.L. en 2010, de la que el alcalde es administrador único.
Tras una semana de polémica desde que se conociera la admisión a trámite de la querella y de declaraciones cruzadas entre quienes exigen la dimisión del alcalde, los grupos políticos de la oposición PSdeG y BNG, principalmente, y el propio alcalde, Conde Roa declaró ayer ante el juez que ha decidido mantener la imputación.
Durante la hora y media ante Vázquez Taín, en la que estuvo acompañado por su abogado, Conde Roa defendió ante el juez que no cometió delito fiscal alguno y que no ha habido dolo en el impago de los 291.200 euros en concepto de IVA.
Según explicó posteriormente en conferencia de prensa, defendió ante el juez que \“no ha habido en ningún momento ninguna intención de defraudar a la Hacienda pública\”, algo que, en su opinión quedó \“meridianamente claro a lo largo de toda la declaración\”.
Asesor > Antes de su declaración, el alcalde asistió a la del inspector de la Agencia Tributaria que instó la querella ante la Fiscalía. Ya por la tarde, el juez tomó declaración al asesor fiscal de la empresa Geslander, Roberto Pereira, en la que estuvo presente el abogado de Conde Roa.
El alcalde dijo, además, que no se siente políticamente presionado para dimitir, como exigen los partidos de la oposición, y señaló que está a disposición del líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Fuentes del PPdeG explicaron que todavía no está decidida la fecha en la que se reunirá el Comité de Garantías, que debería adoptar la situación de Conde Roa.
El alcalde insistió en que está \“tranquilo\”, porque este era \“un trago que había que pasar y se ha pasado con toda la tranquilidad\”. \“Creo que la peor presión que se puede tener es la de la propia actuación, y como en este caso mi actuación ha sido transparente, en absoluto me he sentido presionado\”, aseveró.
El abogado que asistió al alcalde, Ramón Sabín, ha indicado respecto a la imputación que cualquiera que sea la naturaleza de un proceso penal \“la imputación es automática\”, si bien matizó que distinto \“es la imputación y la acusación formal con apertura del trámite de juicio oral\”.
\“En este caso no hay nada de eso, y lo que esperamos es que en breve se dicte un auto de archivo\”, señaló el letrado.
Sabín indicó que en el caso del alcalde de Santiago \“no hay delito de ningún tipo\”, y que el artículo 305 del Código Penal \“exige un dolo específico, un ánimo de ocultar que aquí no se ha dado en ningún momento\”.
\“No voy a desvelar ninguna de las diligencias judiciales. Sigo manteniendo mi tesis de que el señor Conde no ha cometido ningún tipo de delito y que se debería proceder con un auto de archivo\”, sentenció para afirmar que, \“de momento, no hay ninguna fecha\” para conocer la decisión del juez sobre si procede o no la apertura de juicio oral.
Al respecto, el letrado insistió en que \“no hubo dolo\” porque \“no hubo ánimo de defraudar nunca\” por parte del alcalde compostelano, que ha comparecido este jueves ante el juez en calidad de imputado en relación al proceso abierto tras presentar la Fiscalía una querella en relación al impago a Hacienda de 291.289,43 euros, al no haber abonado el IVA que cobró de la venta de 61 viviendas.
