Así, en caso de que no se llegue a un acuerdo en dicha comisión parlamentaria, pasado el plazo de tres meses, y si entonces no se vislumbra un acuerdo, el Gobierno legislaría sobre esta materia.

Según fuentes del Ministerio de Empleo, el Ejecutivo ha tomado esta decisión para poder mantener un diálogo sobre la reforma de estas dos modalidades de jubilación y para que no entre en vigor una norma que será modificada en los próximos meses.

El Gobierno ya avanzó sus propuestas sobre estas modalidades de contratación en la Comisión del Pacto de Toledo, al considerar que los cambios introducidos en la reforma de 2011 no son suficientes y que hay que seguir avanzando para acercar la edad real de jubilación a la legal.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, el Gobierno aboga por retrasar la edad mínima hasta los 65 años, frente a los 63 en los que quedaba fijada con la reforma que debía entrar en vigor el 1 de enero.

Sobre la jubilación parcial, las mismas fuentes han indicado que es necesaria una reforma importante porque esta modalidad resulta lesiva para las arcas de la Seguridad Social y porque existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala que es "discriminatoria", al exigir un período de cotización más elevado.