El despliegue de militares que ordenó hoy el Gobierno de Bolivia en los tres principales aeropuertos del país tras expropiar la filial de las empresas españolas que gestionaban dichas instalaciones "no es un tema de fuerza, sino simbólico", dijo a Efe la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
"Es un tema que simplemente tiene que ver con la política que adopta el Gobierno en la participación de las Fuerzas Armadas en la recuperación de los recursos nacionales", declaró a Efe la ministra poco después de que el presidente Evo Morales leyera el decreto de nacionalización de Sabsa, filial de las españolas Abertis y AENA.
Dávila indicó que "la política nacional de desarrollo establece el control de los recursos estratégicos y eso significa que también las Fuerzas Armadas deben participar en estas acciones. Uno de los papeles que se les asigna es preservar los recursos naturales para el Estado boliviano y las empresas estatales", adujo.
La ministra insistió en que "tienen que entender esta acción como una acción simbólica, como las Fuerzas Armadas tomando el control, cuidando, protegiendo", porque "hay un papel activo del Ejército en el desarrollo" de Bolivia.
"No es un tema de fuerza, lo hacen pacíficamente. Es una posesión que simboliza cómo las Fuerzas Armadas apoyan al Estado en estas decisiones", agregó.
Tropas del Ejército de Bolivia se desplegaron desde primera hora en los aeropuertos del país gestionados por la empresa Sabsa, cuya nacionalización decretó hoy el Gobierno de Morales.
Los militares accedieron a las terminales aeroportuarias de El Alto (ciudad vecina a La Paz); Viru-Viru, en Santa Cruz, y Wilsterman, en Cochabamba, donde, además, se encuentra la sede de Sabsa.
El envío de tropas a empresas recién nacionalizadas es una práctica habitual del Gobierno de Morales, como pudo verse en las dos últimas expropiaciones de filiales de las empresas españolas Red Eléctrica e Iberdrola.
Esta escenificación de la toma de control ha sido criticada por los países afectados por las nacionalizaciones.
Sabsa es la tercera empresa española expropiada en menos de un año tras la Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica, en mayo de 2012, y las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola, en diciembre de ese mismo año.
La ministra Dávila también precisó que las empresas españolas recibirán una "justa compensación", ya que no es intención del Gobierno boliviano "esquilmar" a las compañías que invirtieron en el país.
Añadió que hasta ahora se ha dialogado de forma "cordial y respetuosa" con todas las empresas que han afrontado procesos de nacionalización.
