Con esto de que la actualidad no nos da tregua y cada frente abierto parece más preocupante que el anterior casi se nos había olvidado que desde hace un par de semanas son los jueces del Supremo los que deciden el nivel de restricciones sanitarias en cada comunidad. Que a nosotros, como ciudadanos a los que lo que les interesa es saber si tenemos que recogernos como la Cenicienta o podemos alargar la salida nocturna, nos da un poco igual si la orden viene de unos o de otros, pero la cosa es más compleja. Porque por encima del Supremo está el Constitucional, al que podría acudir un Gobierno autonómico que no esté de acuerdo con la decisión del tribunal, por ejemplo. Y en cuestión de días, lo que se podía hacer dejaría de estar permitido y viceversa. Todo muy lógico y tranquilizador. En vista del panorama, el que planea recurrir al Constitucional es el PP, que quiere que se deje sin validez el real decreto que encarga a los jueces del Supremo que decidan sobre nuestra vida social. Ahora todo depende de la velocidad de la justicia.