Liberalización de bienes públicos

Si ya es difícil saber leer el recibo de la luz, no menos complicado resulta entender el complejo sistema de funcionamiento del mercado eléctrico. Todo eso del “pool”, del operador OMEL, de las subastas Cesur, de los “traders” internacionales ofertantes, de las pujas estandarizadas, de la tarifa de último recurso,  de los peajes, de las tasas de retorno o del déficit de tarifa ha introducido como de repente al ciudadano medio en un mundo que le desborda, al igual o más que cuando al comienzo de la crisis económica se le empezó a hablar de la prima de riesgo.
Al final, el Gobierno tuvo que intervenir para evitar una subida del 11 por ciento en el recibo de la luz, lo que nos hubiera llevado a afianzarnos como el país con la tercera electricidad más cara de Europa. En esta ocasión, las compañías eléctricas han salido bastante indemnes de la polémica, mientras los palos han llovido sobre el Ministerio de Industria y sobre su titular, José Manuel Soria.
Quien tampoco ha salido malparado  ha sido  el ministro Montoro, auténtico responsable, sin embargo, del desaguisado al negarse a última hora a hacerse cargo de los 3.600 millones de euros a los que se había comprometido para enjugar el agujero financiero creado por la disparidad entre el precio de la electricidad fijado por el Gobierno y los costes de producción.
Y es que ello hubiera disparado todavía más el déficit público, que, como hemos sabido, ya en el mes de noviembre había superado lo previsto y comprometido ante las autoridades comunitarias para todo el año. Es decir, que Industria ha pagado los platos rotos de una política inadecuada e insuficiente para recortar dicho déficit.
Tal como nos han contado, el recibo de la luz está formado por dos grandes partes. Una,  que recoge los llamados costes regulados y  que fija el Gobierno. Pero el otro bloque de la factura –algo menos del 50 por ciento- está liberalizado y se establece en esas cuestionables y cuestionadas subastas.
Pues bien, responsabilidades políticas aparte, el ciudadano medio se pregunta y con razón si el precio de un bien básico para el usuario y para la economía en general puede depender en buena o alguna parte de unas subastas en la que participan no sólo las empresas del sector, sino también agentes financieros en busca de la máxima rentabilidad posible.
Y cuanto se habla de un sector estratégico como es el de la electricidad bien podría predicarse también  de otros bienes  y servicios públicos sometidos en su gestión, en sus prestaciones o en sus precios al interés de los mercados. De la gestión médica de la sanidad o de la recogida de basuras en nuestras ciudades. Por ejemplo.