Absueltos

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No ha sido un episodio aislado, sino otro más de los muchos que se vienen produciendo en la práctica política de este país: aparatosas causas en que partidos y tribunas periodísticas hacen casus belli contra determinadas instituciones y personajes relevantes –normalmente de la derecha o a ella asimilados- y que luego quedan en nada cuando llega la hora de la verdad; esto es, la sentencia que pone fin al procedimiento judicial.  

Ejemplos podrían ponerse por docenas. El último y más notorio ha sido la absolución del Partido Popular de un supuesto delito de daños informáticos por la destrucción –borrado- de los ordenadores que hasta enero de 2013 había venido utilizando el ex tesorero “popular” Luis Bárcenas.  

El juez ha atendido en parte el criterio de la Fiscalía, que pedía el sobreseimiento y archivo de la causa, al considerar que la única versión de los hechos era la del propio es tesorero, que no ofrecía “fiabilidad suficiente”. Es decir, absueltos por falta de pruebas firmes, que es lo que exige el proceso penal y lo que tantas veces falta en este tipo de grescas políticas y mediáticas.

La sentencia es recurrible. Pero no deja de ser significativo que hayan sido condenadas a pagar las costas quienes ejercieron las acusaciones populares: Izquierda Unida, ADADE y Observatori Desc. 

La primera de ellas es sobradamente conocida. La segunda responde al pomposo nombre de Asociación de Abogados Demócratas de Europa y no es más que un lobby de letrados de izquierda, próximo al Partido Socialista, muy activo en varios sumarios contra el PP. Y la tercera –si no me equivoco- es la consultora o plataforma en que trabajó como activista la alcaldesa Colau antes de dar el salto a la política. 

El magistrado pone así punto y aparte a una causa que se prolongaba desde hace seis años y que por primera vez en España había sentado en el banquillo a un partido como responsable penal después de  la reforma de diciembre de 2012 (Gobierno del PP)  que introdujo tal supuesto para formaciones políticas y sindicatos. El punto final lo pondrán las resoluciones judiciales a los recursos.

Amainada de momento la tormenta política, el Partido Popular ha aprovechado el balón de oxígeno llegado en estas más que probables vísperas electorales para exigir una reparación pública a  los partidos que tras las acusaciones se esconden y, sobre todo, para insistir en el derecho a la presunción de inocencia. Falta le hará ante los vendavales que se avecinan con las imputaciones de las ex presidentas madrileñas Aguirre y Cifuentes por el caso Púnica. 

Y es que aquí hemos llegado al absurdo jurídico y político de hacer de la imputación / investigación  una prueba incuestionable de culpabilidad. Algunos, como Ciudadanos, hasta sacan pecho por ello: por exigir responsabilidades políticas sin que se hayan dilucidado primero las posibles responsabilidades penales.

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