AUTONOMÍA PARA NAVANTIA

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El Parlamento gallego aprobaba esta misma semana una proposición no de ley presentada por el BNG para recabar del Gobierno central una mayor autonomía de gestión para las factorías de Navantia en Ferrol. La propuesta fue íntegramente respaldada por unanimidad, aunque el PP se opuso a enmiendas de los grupos parlamentarios del PSdeG y AGE. En la práctica, para quienes conocen el devenir de la historia de los astilleros ferrolanos en las últimas tres décadas, es decir, desde el momento en que se inicia el fallido proceso de reconversión industrial, el alcance de tales decisiones tiene escaso recorrido, lamentablemente, en instancias superiores.
Nadie puede arrogarse el mérito de haber defendido tal futuro de forma exclusiva. Si en algo han fallado las acciones políticas orientadas a reconducir el perpetuo tobogán al que ha estado sujeta la industria naval de este país es la carencia de toda concreción más allá de los pronunciamientos públicos, las acciones políticas y las manifestaciones de trabajadores y vecinos de esta comarca en demanda de garantías para la que sigue siendo la principal empresa fabril de una comarca en la que viven más de 200.000 personas.
Es plausible que la gestión directa de los intereses de las factorías locales ayudaría, tal vez, a concretar su futuro o, cuando menos, evitaría hechos tan poco prácticos, en teoría, como es tener que solicitar piezas o repuestos para los astilleros gallegos a una oficina ubicada en otra factoría del grupo.  Al menos desde el punto de vista social e incluso técnico, es evidente que tal implicación no ayuda precisamente a la “operatividad” de los talleres patrios y se ve en ella una dificultad añadida para tal demanda. El sentido práctico es escaso cuando impera la política, sobre todo porque lo que interesa es trasladar la idea de que se acometen acciones orientadas a esta galería espasmódica que es la opinión pública, pero que en la práctica no se traducen en nada.
No es la primera vez que se alude a las dificultades que supuso la centralización de compras, pero errado camina quien piense que la demanda de autonomía de gestión puede incluir en su momento la capacidad de los astilleros gallegos para afrontar contratos o decidir qué buques debe o no hacer. Ni la búsqueda de estos de cara a garantizar la ocupación puede ser asumida de forma individual ni tampoco eso sería práctico desde el punto de vista de un grupo obligado a una fuerte centralización y, por añadidura, de carácter público.
Son este tipo de salvas las que confunden y desorientan particularmente a esa opinión pública cuya única base sostenible, y evidente, es la constatación de la tremenda trascendencia que la actividad de las factorías ferrolanas acarrea para la supervivencia económica de la zona. Con ocupación plena, con decisión política y una oferta competitiva, ningún planteamiento similar se hubiese producido.

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