Otra ley exprés

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Si con la reforma educativa en camino el Gobierno y socios no han contado por primera vez ni con expertos ni con la propia comunidad de padres, profesores y alumnos, con la tramitación en su atropellada recta final de la ley de eutanasia está sucediendo un poco lo mismo: no han querido saber nada, entre otros, de la opinión del Comité de bioética de España (CBE), instituido en el seno de la Administración como órgano consultivo precisamente para eso: para emitir informes y propuestas en asuntos con implicaciones bioéticas relevantes. 
De todas formas y aunque no haya sido a petición de parte, el CBE ha emitido a iniciativa propia un pormenorizado informe -78 páginas- sobre “el final de la vida y la atención en el proceso de morir”. Y lo ha hecho en el marco del interés público y político por una norma en curso –aprobada ya en su primer paso por el Congreso- que propone no sólo despenalizar la eutanasia, sino también, y más allá, reconocerla como un verdadero derecho a morir.

En apretada síntesis, el informe concluye que existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. A su juicio, el deseo de una personas de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre con una actuación compasiva eficaz que conduzca a aliviar los dolores y procurar una muerte en paz.
En el contexto de la buena práctica médica, el Comité propone establecer un protocolo en doble dirección. Por una parte, la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial resistente al tratamiento. Por otra, la universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia a la enfermedad mental y la discapacidad. 

Todo ello –añade– debería constituir ética y legalmente el camino a emprender de manera inmediata y no proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública. Legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio mencionados supondría iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno muestra.

En realidad, y según ha puesto de relieve el en esta materia activo ex alcalde de A Coruña y ex embajador Francisco Vázquez, una despenalización de la eutanasia de tal alcance y envergadura constituye mundo adelante una excepción. Sólo lo han hecho Bélgica, Holanda y Luxemburgo dentro de nuestro ámbito cultural, más Colombia, Canadá con limitaciones y en algunos Estados norteamericanos. España sería, pues, el cuarto europeo y sexto del mundo en reconocerla. Y lo hace –por medio y por desgracia- de una ley radical, maximalista y disparatada.

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