CERRADO POR MIEDO

Aunque no sea lo políticamente correcto, cuesta muy mucho asumir que unas organizaciones sin poder jurisdiccional alguno, financiadas en buena medida por el dinero de todos y con una representatividad ridícula en la sociedad española (apenas el 5 por ciento de afiliación entre los propios trabajadores) puedan poner patas arriba un país con una convocatoria de huelga general.

Ya sé que el derecho de huelga está reconocido en la Constitución nada menos que en dos artículos. Ambos preceptos exigen sendas leyes orgánicas para poder ejercerlo con respeto absoluto a la legalidad. Pero después de treinta y cuatro años, el inequívoco mandato constitucional no se ha cumplido, especialmente en lo que se refiere al desarrollo del artículo 28.2. En parte, porque ningún gobierno se ha atrevido a ello y en parte también porque tal vacío legal les viene muy bien a los sindicatos para poder moverse a sus anchas.

A falta, pues, de una normativa que supere un decreto-ley preconstitucional todavía vigente y que integre la doctrina de cientos de decisiones de los altos tribunales al respecto, el gran arma de las centrales sindicales convocantes de una huelga es la coacción de sus piquetes, innecesarios como informativos, pero vitales para ellas a la hora de poder hacer balance triunfal de la jornada. Su mera presencia es intimidatoria, a la vista de los precedentes habidos.

Y es que donde no hay miedo, o no hay huelga o ésta no es tan efectiva como los convocantes quisieran. Resultaba clarificador, en efecto, el pasado jueves ver cómo, en A Coruña, comercios y locales de servicios que habían abierto con normalidad a su hora bajaban cierres metálicos de accesos y escaparates según se acercaba la manifestación que recorría el centro de la ciudad. Pasado el cortejo, volvieron a levantarlos. Pegatinas que rezaban “Pechado por folga xeral” bien podían haber dicho: “Pechado por medo sindical”. Habrá que consignar, finalmente, dos hechos que contribuyeron a que la acción de los piquetes no fuera tan relevante como en ocasiones anteriores. Por una parte, el despliegue policial que aseguró el derecho al trabajo de quienes no quisieron secundar la huelga. Y por otra, unos servicios mínimos tan mínimos en algunos sectores que los sindicatos no pudieron menos de cumplir.

En todo caso, no parece muy correcto que A Coruña ciudad quedase incomunicada por vía aérea desde Alvedro y que en toda Galicia no circularan trenes ni funcionaran los enlaces ferroviarios con el resto de España, lo que unido al corto 25 por ciento de servicios mínimos en el transporte de viajeros por carretera dejó al que lo pretendiera un tanto desamparado. Desconozco si habrá sido así por los servicios mínimos establecidos, por decisiones unilaterales de ciertas empresas o por ambas cosas a la vez. Algo, en definitiva, que nunca debería haberse producido.