DESPOLITIZAR

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Arenas electorales. Apenas unos meses para unas elecciones inciertas en el resultado. Las generales. No las catalanas. Y es momento de ocurrencias, de gestualidad extrema, de propuestas con más o menos fundamento y no exentas de vehemencia grandilocuente. La última la supresión del Tribunal Constitucional. Los argumentos son endebles, pero sobre la mesa, la supresión. No han tardado los dos partidos hasta el momento hegemónicos, y que lo seguirán siendo en unos meses aunque no con el vigor que hasta el presente han atesorado, de tildar de ocurrencia y absurdo tal propuesta. 
En el fondo la crítica no es tanto la de su supresión cuanto cuestionar la politización del órgano. O la acusación de tal. Y este es otro tema diferente. Todos somos conscientes, conocedores y pasivos ante la ausencia de una rígida separación de poderes. Cuestión que sólo se reclama cínicamente cuando se está en la oposición y se desdeña en tanto se copa de nuevo gobierno. Es el sino amargo de la mediocridad política y el control partitocrático de las instituciones, que, con más o menos fruición, disimulo y empeño, todos han aplicado y tamizado con desenvoltura. Y es que la reforma de 1985 a todas luces inconstitucional por mucho que no se tachara de tal la misma, puso la guinda a la falsedad de la separación, al hurtar 12 de los 20 nombramientos de los vocales del Poder Judicial a los jueces y realizarlo los políticos. Sean partidos, ejecutivas, gobiernos, o parlamentarios disciplinados en su voto, y a veces también en la asepsia del pensamiento. Solo a veces. Pero pensar en este país tiene un alto coste. Salir de la elipsis un castigo.
No hace mucho tiempo quien copa el cargo institucional de vicepresidenta del Gobierno proponía, a semejanza del sistema norteamericano, nombrar con carácter vitalicio a los magistrados del Constitucional. Cambiemos el nombre y dejémoslo en Corte Suprema de Justicia o como quiera llamársela. Los juristas defienden la dualidad de la cúspide; por un lado, jurisdiccional, el Supremo, y, por otro, constitucional, el Tribunal Constitucional en aras de esa transversalidad que la Constitución atesora respecto de todas las ramas y materias del ordenamiento jurídico. No son pocos los países que separan los dos órganos, pero también los hay que los integran. ¿Tendría sentido que el Constitucional fuese una Sala del Supremo?, ¿y la jerarquía jurisdiccional?, ¿qué entendemos en este caso por jurisdiccional conforme al artículo 117 de la Constitución?
Conviene no olvidar que, pese a alguna que otra sentencia controvertida del Constitucional, y no exenta de matiz de politización, la labor, la integración, la interpretación en materia de derechos y libertades, tutela judicial, garantías procesales y un largo etcétera ha sido encomiable y han allanado el camino para un sistema democrático más sólido. Cuestionar la utilidad y eficacia del Tribunal es un absurdo que carece de argumento, pero no así la despolitización. Éste es el problema de las instituciones. El cáncer que corroe las entrañas de la libertad. Y con él de una justicia ciega y neutra. He ahí el problema. El silencio insonoro que cada vez se oye más.

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