Varios colegios de abogados han creado oficinas de mediación hipotecaria. El servicio es gratuito y su coste resulta más barato que la ejecución, veremos si Platas –decano coruñés– se decide a tomar tal medida. Desde que comenzara la crisis en 2007 y hasta el último trimestre de 2011, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas por el Tribunal Superior de Justicia ha ascendido a 328.687. Para no repetir estos números y evitar los desahucios, algunos colegios de abogados han puesto en marcha, junto con los ayuntamientos, oficinas para el asesoramiento e intermediación hipotecaria. Tarrasa ha sido el primero. El Consejo General de la Abogacía explicó que ante los más de 5.000 pisos vacíos que había en Tarrasa en 2011 y la abundancia de jóvenes con escasa cualificación en paro, se plantearon actuar.

El problema del lanzamiento hipotecario cuesta caro a la sociedad, sin entrar en los costes para las familias

 

Tras abordar el problema con los bancos y ante la falta de respuesta positiva, decidieron recurrir al Colegio de Abogados de Tarrasa, que lo puso en marcha en enero. Esta implicación era necesaria: el coste del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria es 3.150 euros y el de un expediente de intermediación asciende a 166 euros. Es evidente que el problema del lanzamiento hipotecario cuesta caro a la sociedad, sin entrar en los costes para las familias. Ante esta situación, otros colegios de han copiado la iniciativa.

El servicio se ofrece de forma gratuita para las personas afectadas y en las nuevas oficinas no solo consiguen información legal sino que también se ocupan de mediar con la otra parte. En los dos meses que lleva funcionando la oficina de Tarrasa se atendió a 348 ciudadanos, de los cuales un 50,8% tenían recibos impagados y un 45% se había acercado para prevenir dichos impagos y asesorarse sobre sus consecuencias. Por su parte, la Defensora del Pueblo ha calificado de gravedad tremenda que los bancos puedan quedarse con una vivienda o local por un precio por debajo del 60% de su valor. Dice que resulta de una importancia crucial reformar el sistema de subastas de pisos embargados y regular el procedimiento de declaración de insolvencia de particulares.