Retoque verbal

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No lo dice un cualquiera. Lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia de hace unos años: se le reconoce la categoría de imputado a toda persona a la que se le atribuya, “más o menos fundadamente”, un acto punible. Y así es. Una imputación puede provenir de una simple denuncia o querella sin tan siquiera obedecer a indicios de veracidad por unos hechos que todavía no han sido investigados por la justicia. Basta el “más o menos fundadamente” que recuerda el Tribunal Constitucional.
Ello explica el festival de imputaciones al que estamos asistiendo como consecuencia de la desmedida judicialización de la vida política. Y explica también que no pocas de ellas terminen siendo archivadas o sobreseídas incluso en fase de instrucción y que lo sean en no pocas ocasiones de forma tajante porque el asunto no tenía por dónde cogerse.
En Galicia, por ejemplo, quince alcaldes han visto en los últimos tiempos cómo les ha sido archivada la causa que sobre ellos pesaba o cómo han resultado absueltos tras pasar por el banquillo. Y otro tanto, a escala nacional: fuentes municipales manejan cifras de 83 primeros regidores absueltos luego de la imputación correspondiente, frente a las 31 condenas impuestas.
Lo grave de la situación es que la imputación lleva aparejada ante la opinión pública una presunción no de inocencia, sino de culpabilidad. Como bien se sabe, el imputado queda de entrada estigmatizado. Es la famosa pena de telediario que normalmente se lleva por delante el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Para atajar esta anomalía, desde hace un par de meses anda debatiéndose en las Cámaras legislativas el proyecto de ley orgánica de reforma del enjuiciamiento criminal, según la cual el imputado pasará a llamarse “investigado”. Y a éste se le conocerá como “encausado” cuando, concluida la investigación judicial, se le atribuya indiciariamente un hecho delictivo. En este punto todos los grupos están de acuerdo.
Sorprende, por tanto, que para llegar a formalizar pactos electorales determinadas formaciones políticas sigan exigiendo a punta de lanza la ausencia de “imputados” en las listas. O que algunos se escandalicen de que la campaña electoral haya arrancado aquí con veintisiete candidatos a alcalde imputados. Porque, ¿no habíamos quedado en que se trata de una mera investigación judicial previa a la eventual acusación formal?  
Los partidos, pues, habrían como mínimo de predicar con el ejemplo y trasladar la teoría a la práctica. Al igual que los medios de comunicación deberían dar a las correspondientes informaciones un relieve en consonancia con el momento procesal de que se trata. Pero muy mucho me temo que se haya dejado tanto crecer la bola que a estas alturas ya no haya quien la pare. Y que al final todo quede en un puro retoque terminológico.

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