Todos a la capital

Nos acaba de asegurar el Ministro de Justicia que con la nueva Ley de Planta y Demarcación “no se cerrarán juzgados”. Y eso que prevé reducir a cuatro los 45 partidos judiciales gallegos. Ya en 1988 el poder político tuvo la mala idea de suprimir las figuras del juez y fiscal de distrito, cuyas competencias en el orden civil y penal asumieron los jueces de primera instancia y los fiscales territoriales, acrecentando el atasco judicial y distanciando al ciudadano de la Justicia, pues la presencia directa de los fiscales cada vez se ha hecho menor en los juzgados mixtos, que, a su vez, asumen todo tipo de actuaciones civiles y penales, en cantidad superior a la humana capacidad de trabajo; en situación, además, de aumento poblacional y de litigiosidad, no compensado con el de juzgados, personal, y material.
En ese empecinado afán de nuestros gobernantes por convertir la Justicia en una “casa de locos”, a los actuales se les ha ocurrido otra “genial” reorganización de los partidos judiciales. Se trataría de reducir en más de la mitad los 431 existentes, eliminando los que no sean capital de provincia. Quedarían sin juzgado cientos de pueblos pequeños para trasladarlos a las capitales de provincia. Imagínense a un ciudadano de un recóndito lugar de Fisterra o Mañón teniendo que desplazarse hasta La Coruña para cubrir cualquier trámite procesal que requiera su presencia física: apoderamientos, declaraciones testificales, asistencia a vistas, juicios... Más trabas, más costes, más lentitud.
Para variar, Gallardón ha prescindido de la opinión de las otras partes interesadas: abogacía, procuraduría, o cuerpo funcionarial. Aplicándose –en esa continua denigración del derecho fundamental del ciudadano al acceso a los tribunales en condiciones de igualdad– hacia el asentamiento de una Justicia elitista, centralizada, políticamente dirigida, la de los que, como él, se la pueden costear. Igualito que con el absolutismo fernandino del siglo XIX.