¿Nunca máis?

recordando el “Nunca máis” que hace ahora dieciséis años recorrió medio mundo como pancarta de referencia contra lo sucedido con el Prestige, el presidente Sánchez ha lanzado su particular soflama a propósito del embrollo habido en torno al impuesto hipotecario: los españoles –ha recalcado- no van a pagar “nunca más” dicho gravamen.
¿Nunca más? Da la impresión de que el actual inquilino de Moncloa se autoconsidera como una especie de “sacerdos in aeternum”, cuya doctrina está llamada a ser permanente e inalterable, como aquellos principios franquistas que el asegura tanto aborrecer. Porque digo yo que cualquier otro Gobierno que llegue bien podrá modificar el decreto ley que se ha sacado de la manga para que sean las entidades financieras y no los hipotecados quienes paguen.
Habitualmente, PSOE e izquierda en general han mantenido que no es bueno legislar en caliente. Pero no. En esta ocasión Pedro Sánchez no podía desaprovechar la ocasión que se le presentaba para erigirse con especial énfasis como debelador de los pérfidos Bancos y redentor de la gente del común. Presuroso corrió a hacerlo público en rueda de prensa no fuera que alguien se le adelantara.
Parece claro, no obstante, que las entidades financieras terminarán por repercutir sobre los hipotecados el costo del crédito, aunque en teoría sean ellas quienes lo hayan de asumir. Es decir, que a la hora de la verdad nada cambiará. Evidentemente, los Bancos no van a conceder créditos a pérdidas.
Con todo, el gesto del presidente no deja de tener su relevancia en términos políticos. Todo ello ha recordado el episodio del Aquarius. Tras la llegada del barco y de la acogida triunfal a los náufragos de a bordo, nada ha cambiado apenas en política migratoria: siguen las devoluciones en caliente; siguen las vallas y las concertinas; siguen llegando a nuestras costas pateras sin cuento. Pero sí lograron Sánchez y su poco ejemplar Gobierno el objetivo buscado: fotos y titulares informativos.
De paso Sánchez ha matado varios pájaros de un tiro: ha dado un insólito pescozón al Supremo y ha echado un remiendo a la financiación de las comunidades autónomas con el aguinaldo de 800 millones de euros que les va a llegar y que podrían pasar como un gravamen encubierto a la Banca; el que finalmente el Gobierno no incluyó en el acuerdo presupuestario con Podemos.
Más de uno, como el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido la supresión del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que entre otras modalidades engloba al que llamamos crédito hipotecario.
De hecho, ya lo sugería así el informe de la llamada comisión Lagares sobre reforma del sistema tributario (febrero 2014). Parece que ahora no va a ser posible porque afectaría –alegan- a la financiación de las comunidades autónomas, quienes son en definitiva las receptoras de los dineros y las que en verdad van a resultar las grandes beneficiarias del golpe presidencial.