Investigan un sobreprecio de 70 millones en la época de Gallardón

24 septiembre 2014 página 30 / 26 abril 2015 página 22 MADRID, 23/09/2014.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a su llegada a la rueda de prensa ofrecida esta tarde en la sede del Ministerio, donde ha anunciado su dimisi
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El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”.
El juez de la operación “Lezo”, Eloy Velasco, afirma en el auto de prisión del expresidente madrileño Ignacio González, que este conocía de la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 “a través de determinados informes jurídicos”, pero que no lo denunció.
La operación de la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal cuyo registro intentó sin éxito parar el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, rondó los 100 millones de euros, dice el juez, que añade que el valor de la mercantil era “muy inferior”, concretamente de unos 30 millones según los investigadores.

Malversación
El magistrado sostiene que este sobreprecio de 70 millones pudo haber supuesto una malversación de fondos públicos que se produjo cuando Ignacio González aún no ocupaba ningún cargo en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, añade que “se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos en la compra de Inassa en el año 2001 y, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de determinados informes”.
Inassa fue una de las sociedades registradas esta semana en la operación Lezo, un registro que intentó frenar Moix previa consulta con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, alegando que debía llevarse en un caso aparte y que todavía no había indicios para realizar los registros.
Por otra parte,  el exconsejero-delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás “infló” contratos suscritos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir un millón de euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le pidió en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las autonómicas de 2011.
El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco explica que González, como secretario general del PP madrileño, tuvo la intención de “sanear las cuentas”, por lo que el 7 de junio de 2012, se reunió con Martínez Nicolás –en libertad, que se convertirá en prisión si no deposita 100.000 euros antes del 28 de abril– para solicitarle un millón de euros.
El magistrado constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la “contratación existente” entre ICM –ente dependiente de la Vicepresidencia regional que dirigía en ese momento también González–, PWC e Indra.

A través de un ente público
En este sentido, Velasco destaca que la “línea de investigación” de la Operación “Lezo” está relacionada con la “supuesta financiación que habría llevado a cabo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta”, refiriéndose a la ICM.
De hecho, afirma que el origen de la investigación comienza a raíz de la declaración del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez –al que señala como “testigo privilegiado de los hechos” al formar parte de todas las mesas de contratación– en la sede de Anticorrupción. l

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