Los mariscadores solo pudieron faenar en la ría de O Burgo un mes entero desde que empezó 2016

La ría de O Burgo permanece cerrada al marisqueo por la alta concentración de toxinas lipofílicas sine die. La Consellería do Mar impuso la prohibición el pasado 26 de mayo y tal y como están resultando las analíticas periódicas el sector cree que será casi imposible tener algún día de trabajo en junio. El portavoz del colectivo de a pie, Manuel Baldomir, recuerda que en lo que va de año tan solo marzo fue un mes completo de trabajo y eso teniendo en cuenta que la media de días que pueden operar es de doce.
Las malas noticias continúan acumulándose tanto como el lodo en la ría. Aunque estos días los profesionales del Intecmar –dependiente de la Xunta– recogen nuevas muestras, el último informe volvió a situar la concentración de toxina muy por encima de lo permitido. “Levamos dúas analíticas negativas e con estes resultados todo fai prever que este mes se complica o traballar”, reconoce Manuel Baldomir, uno de los representantes de los profesionales de a pie. 
A los problemas económicos que les causan la alta mortandad de la almeja y el berberecho y la competencia de los furtivos se les suma la obligatoriedad de pagar sus seguros y autónomos a pesar de estar imposibilitados para bajar a la marea. “En xaneiro, febreiro, abril e maio tampouco tivemos os meses completos por peche por hidrocarburos ou por toxina”, subraya Baldomir, que lamenta que solo marzo haya sido un mes útil de verdad.
Las cuentas se resienten mucho: en los siete días perdidos en junio dejaron de ingresar al menos 25.000 euros. 
Esa cifra podría ascender casi otros 10.000 euros si se confirma que perderán los otros cinco días de mareas regulares que habían solicitado para faenar.  Para poder regresar a O Burgo necesitan que dos análisis en distintas semanas den el ratio adecuado de toxinas. La única esperanza que ve ahora Baldomir es que “a choiva baixe os niveis”.
Mientras,  parece que incluso los furtivos respetan la prohibición de Mar porque sino se enfrentarían a un delito “de atentado contra a saúde pública”.