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sábado | 20 abril | 2024
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, como ya había manifestado el pasado martes, día 5, impidió el acceso ayer a su vivienda de la urbanización de As Galeras a los técnicos de la Axencia Galega de Legalidade Urbanística de la Xunta (AGLU).
Los agentes de la entidad se presentaron para comprobar si, como denunció en los juzgados el promotor Pablo Carrasco González, el inmueble del regidor invade un camino, tiene exceso de altura y se han llevado a cabo movimientos de tierras, entre otras supuestas irregularidades urbanísticas.
García Seoane, que atendió a los técnicos alrededor de las 10.30 horas, explicó que impidió el acceso a su vivienda ya que en la notificación judicial no existe orden expresa de entrada para llevar a cabo las verificaciones pertinentes.
También dijo a los técnicos que el APLU dispone de información suficiente de la propiedad como para tener que volver a acceder a ella. Asimismo, los remitió a los archivos municipales de Oleiros para que pudiesen comprobar la, según él, legalidad de la obra de construcción del inmueble o que realizasen las mediciones oportunas desde fuera del recinto de su propiedad.
conflicto antiguo
El episodio de ayer es el último de un conflicto que comenzó a gestarse en el año 2000 cuando el Ayuntamiento de Oleiros ordenó la demolición de un inmueble por, según el regidor oleirense, manifiesta infracción urbanística y que era propiedad del denunciante Pablo Carrasco.
El alcalde de Oleiros atendió a los inspectores fuera del recinto de su chalé
de As Galeras
Seoane afirma que este promotor fue condenado en el año 1984 por un delito relacionado con la prostitución. También asegura que Carrasco está obligado por, sentencia judicial, a devolverle 6.180 euros de una multa abonada por él y que los tribunales han revocado.
Respecto a la vivienda, construida en el año 2004, el mandatario local insiste en que las obras han sido objeto de intervención por parte de diversos juzgados que requirieron todo tipo de licencias sobre la edificación, tras diversas denuncias de concejales de la oposición oleirense y del propio Pablo Carrasco.
Afirma el regidor, que los distintos fallos judiciales fueron resueltos a su favor indicando que él no cometió nunca infracción urbanística alguna.
No obstante, según él, a raíz de un error en un plano de delimitación de Demarcación de Costas se le obligó a derribar uno de los pilares de la vivienda, lo que provocó también el derribo de una de las fachadas.
Asegura, sin embargo, que a consecuencia de todo ello, los tribunales acordaron que los importes de las multas interpuestas por la Xunta le fueran restituidas. Además, añade Seoane, que el Consello Consultivo aboga por qué se le abonen los gastos ocasionados por el derribo.
