Alemania acepta extraditar a Puigdemont por malversación, pero no por rebelión

La justicia alemana aceptó ayer extraditar a España a Carles Puigdemont por malversación, pero no por rebelión, en una decisión que la defensa del expresidente catalán recurrirá y que posiblemente llevará al Tribunal Supremo a rechazar la entrega por tratarse de un delito menor.
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein consideró “no admisible” la petición de extradición de Puigdemont a España por rebelión, solicitada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, al considerar que “la cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición (equivalente en Alemania al tipo español de rebelión) no se alcanzó en los enfrentamientos en España”.
Por el contrario, el tribunal sí admitió la petición de extradición por malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum del 1-O, al concluir, en sintonía con la argumentación del Supremo, que Puigdemont pudo haber tenido una “corresponsabilidad” en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas.

“Ridículo”
La defensa de Puigdemont anunció que recurrirá hasta el Tribunal Constitucional alemán para evitar su extradición a España, ya que entiende que supondría un “ridículo internacional” que se juzgara al líder del procés por malversación en una causa con otros procesados por rebelión.
El tribunal alemán acordó mantener en libertad bajo fianza a Puigdemont hasta que se ejecute una eventual extradición, para la que todavía no hay ni fechas ni plazos, en un proceso que podría quedar paralizado por el recurso que planteará la defensa hasta el Constitucional alemán.
La decisión de la justicia alemana deja al Tribunal Supremo en el brete de decidir si acepta la extradición para juzgar a Puigdemont solo por malversación, mientras se mantiene el procesamiento por rebelión para otros imputados en el proceso.
Hasta el momento, tanto el Supremo como la Fiscalía han rechazado la hipótesis de juzgar a quien lideraba el “procés” por malversación, un delito castigado con un máximo de ocho años de cárcel, y a sus subordinados por rebelión, lo que les podría suponer condenas de hasta 25 años. Ante esta circunstancia, Llarena podría inclinarse finalmente por rechazar la entrega de Puigdemont, que permanecería en libertad pero con la amenaza de ser detenido y puesto a disposición de la justicia en cuanto regrese a España, hasta que dentro de 20 años prescriba el delito.
El abogado del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, anunció que agotarán la vía interna ante la justicia alemana para poder llegar hasta el Tribunal Constitucional germano, donde librarán una “batalla intensa” para demostrar que en España no se dan las garantías para un “juicio justo”. 
Sin embargo, el tribunal alemán que ha autorizado la extradición por malversación ha mostrado su “confianza ilimitada” en que la justicia española actuará dentro de los estándares que se esperan de la “comunidad de valores” y del “espacio de derecho común” de la Unión Europea.