Interrogan al expresidente brasileño Lula da Silva por corrupción y blanqueo

El expresidente brasileño Luiz Inázio Lula da Silva fue interrogado ayer por la Policía Federal durante tres horas en el marco de la operación “Lava Jato”, en la que se investiga una trama de corrupción y blanqueo de capitales que tiene por epicentro la firma estatal Petrobras. 
La Policía Federal acudió a primera hora de la mañana a la residencia de Lula en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, para cumplir con una orden de traslado coercitivo sobre el exmandatario. Los agentes le llevaron al aeropuerto de Congonhas, elegido por motivos de seguridad. Después de tres horas de interrogatorio en dependencias policiales, el expresidente quedó en libertad, según informaron fuentes de la Policía.
Las movilizaciones se sucedieron en Sao Paulo a lo largo de toda la mañana, especialmente en el aeropuerto y ante la residencia del antiguo mandatario. 
Las fuerzas de seguridad llegaron a intervenir en este último punto, donde se registraron enfrentamientos entre partidarios y detractores de Lula da Silva.
La medida se enmarca en la nueva fase de la operación “Lava Jato” –la 24–, dentro de la cual se emitieron un total de 44 órdenes judiciales, 33 de ellas de búsqueda y captura y otras once de traslado coercitivo.
Además de Lula, entre los objetivos de la nueva operación están su mujer, Marisa, sus hijos Marcos Cláudio, Fábio Luis y Sandro Luis, y su nuera Marlene Araújo. También figuran el empresario Fernando Bittar y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto. En cuanto a las empresas afectadas figuran OAS y Gamecorp, propiedad de Fabio Luis. La Fiscalía explicó que existen “pruebas” –documentales y testimoniales– de que Lula da Silva fue “uno de los principales beneficiarios de la trama” y puso como ejemplo la reforma de una vivienda de lujo en Guaruja (estado de Sao Paulo), de una finca en Atibai y de pagos realizados por empresas ya investigadas bajo “supuestas donaciones y conferencias”.
En el caso del tríplex de Guaruja, Lula se benefició de “al menos 1 millón de reales (247.000 euros)” entregados por la constructora OAS “sin aparente justificación”. Esta empresa también aparece relacionada con el pago de 1,3 millones de reales (320.000 euros) a una empresa contratada para almacenar las pertenencias acumuladas durante el mandato presidencial.
El fiscal Carlos Lima explicó que un 60 por ciento de las donaciones recibidas por el Instituto Lula proceden de las cinco mayores empresas investigadas en la operación y que el 57 por ciento de los pagos relacionados con conferencias corresponden a estas mismas compañías.
La Fiscalía matizó que la investigación en marcha no supone “un juicio de valor” sobre la figura del expresidente o sobre su “importancia histórica”. 
En este sentido, recordó que “hasta las personas ilustres y poderosas deben ser objeto de revisión judicial cuando hay una sospecha razonable de actividad criminal”.
Por su parte, Luiz Inázio Lula da Silva aseguró que no “teme” nada, al tiempo que criticó la “pirotecnia” que supuso su detención, recordando que siempre que le han citado a declarar ha acudido.
“Vine al mundo para vivir adversidades”, indicó. “Nunca en mi vida he tenido nada fácil, todo fue muy difícil. Y ahora que pensaba que, a los 70 años, podría relajarme, soy un blanco electoral”, lamentó.