La reforma electoral prevé que A Coruña y Pontevedra pierdan cuatro diputados

El PPdeG ha registrado en el Parlamento gallego su propuesta para modificar la ley electoral autonómica y rebajar el número de diputados de 75 a 61 en la próxima legislatura. Esos catorce diputados menos se reducirán de forma desigual entre provincias. Así, mientras que A Coruña y Pontevedra perderán cuatro diputados cada una, Lugo y Ourense harán lo propio con tres.
El portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, explicó que esta reforma, además, establece el número mínimo de diputados por provincia en 8, frente a los 10 de la actualidad.
Puy insistió en que la reforma prevista por su partido en el programa electoral y que intentaron pactar con la oposición, que la rechaza, es “difícilmente atacable desde el punto de vista de que el PP quiere obtener ventaja electoral”, ya que aseguró que es “neutral” en este aspecto.
El portavoz popular recordó que el Estatuto de Autonomía establece una franja de entre 60 y 80 diputados, por lo que defendió que su grupo solo pretende hacer un “ajuste” en un momento de reformas administrativas e institucionales con el que, además, según dijo, “se legitima el poder público autonómico”.

principal novedad
“Negamos que suponga una ventaja electoral (para el PPdeG) y para que no queden dudas, como principal novedad, alteramos el mínimo de escaños atribuidos por provincia, de 10 a 8”, señaló.
Con esta distribución, explicó, el número de diputados asignados por territorio sería de 32, un 52,46%, frente a los 40 de la actualidad, un 53,3%; mientras que por población el número de diputados elegidos serían 29, un 47,54%, frente a los 35 de la actual norma, que representan un 46,6% de la población. Así, las provincias de A Coruña y Pontevedra, las más pobladas, perderían 4 representantes cada una y pasarían a elegir 20 y 18 diputados, respectivamente, frente a los 24 y 20 de la actualidad.
El descenso en Lugo y Ourense, las menos pobladas, sería de tres diputados, con lo que pasarían a elegir 12 y 11 diputados, respectivamente, frente a 15 y 14, en la actualidad.
Puy admitió que si hubiera alguna posibilidad de acuerdo con los grupos se hubiera podido establecer un sistema con 65 diputados y un mínimo de 9 por provincia, que garantizaría una representatividad similar, dijo.

Se mantiene el 5%
También dijo que la proporción mínima para obtener un escaño se deja en el 5%, ya que el objetivo no es “alterar la norma básica de la ley electoral, sino consolidar el sistema actual”.
Defendió que el sistema electoral no persigue solo la representatividad, sino también la estabilidad y señaló que tanto la ley actual como la reforma suponen un “comportamiento razonable” entre representatividad y estabilidad.
Respecto a posibles acuerdos indicó que “aún son posibles durante la tramitación” parlamentaria, que debería finalizar, entre marzo y abril de este año, aunque la reforma no entrará en vigor hasta las autonómicas.
Según Puy, “la única dificultad de los grupos minoritarios” con la barrera del 5% para acceder al Parlamento es “que los voten los ciudadanos”, y puso a AGE –que obtuvo nueve diputados sin contar con representación previa– como ejemplo de que si hay una opción nueva a la que la gente decide darle su apoyo entra el Parlamento.
La reforma de la ley, además, establece la obligación de hacer pública la situación patrimonial de cada diputado, algo que hasta ahora se hacía pero sin obligación legal.