Baltasar Garzón solo deberá abonar la minuta del abogado del supuesto máximo responsable de la trama Gurtel, Francisco Correa, como consecuencia de su condena por ordenar las escuchas en esta causa, pero no las de su presunto número dos, Pablo Crespo, ni la del letrado Ignacio Peláez.
Así lo aclaró ayer el Tribunal Supremo, a petición del propio Garzón, después de que la sentencia notificada el pasado 9 de febrero en la que se le impuso la pena de once años de inhabilitación le condenara también “al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares”. El Alto Tribunal explica que esa obligación se refiere solo a la acusación ejercida por Correa, que estuvo representado en el juicio por el abogado José Antonio Choclán, ya que fue la única que solicitó expresamente la condena de Garzón en costas.

Al margen de este punto, Peláez, que defiende al constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso “Gurtel”, ha solicitado el archivo de las actuaciones respecto de su representado basándose en la sentencia del Supremo que condenó a Garzón por ordenar escuchas en esta causa.
El letrado ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que dicte auto de sobreseimiento alegando que es lo que procede después de que el Alto Tribunal declarara que Garzón vulneró el derecho de defensa al intervenir una de las conversaciones que Peláez mantuvo en prisión con Correa.
Sostiene en su escrito que los indicios que obran en la causa contra este parten de datos obtenidos gracias a la intervención de esa entrevista, que por tanto deben considerarse ilícitos y provocar el archivo de las actuaciones.