Nueve empresarios confiesan que financiaron ilegalmente al Partido Popular con 1,2 millones

Ricardo Costa llega a la Audiencia | fernando Villar (efe)
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Los nueve empresarios acusados en el juicio de la trama Gürtel contra la excúpula del Partido Popular valenciano confesaron ayer, en virtud a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel, que pagaron algo más de 1,2 millones de euros para financiar ilegalmente al PP en las campañas electorales de 2007 y 2008.
En la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Nacional y en el que están acusados los ex altos cargos del PP de Valencia Ricardo Costa y Vicente Rambla, los nueve empresarios reconocieron todos los hechos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía cree que el montante total que el PP valenciano no declaró por servicios de publicidad en campaña contratados a la trama Gürtel asciende a más de 1,1 millones de euros en las elecciones autonómicas de 2007; a 78.878 euros en las municipales de ese año; y 801.810 en las generales de 2008. En total, poco más de dis millones de euros.
Estos empresarios ya confesaron en el mes de febrero, cuando suscribieron un acuerdo con el ministerio público por el que confesaron que habían financiado al partido en las campañas municipal y autonómica de 2007 y en las generales de 2008.

A cambio, la fiscal Miriam Segura solicitó penas de cárcel inferiores a dos años –por lo que no entrarían en prisión– substituibles por multas que oscilan entre 45.000 y 63.000 euros, aparte de otras sanciones en concepto de responsabilidad civil.
Se trata de Vicente Cotino –sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino–, Enrique Ortiz, Rafael Martínez, Tomás Martínez, Antonio Pons, Alejandro Pons, Gabriel Alberto Batalla, José Francisco Beviá y Enrique Giménez, quienes solo contestaron a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y a sus abogados. Todos dijeron que asumieron como propios gastos electorales que el PP valenciano no declaró por estar excediendo el límite de gasto previsto en la ley, los reflejaron en su facturación y los incluyeron en sus declaraciones.
Admitieron que, como señala el escrito del fiscal, los pagos se hicieron por las empresas que ellos administraban directamente a Orange Market –filial de Gürtel en Valencia– “y esta les facilitó facturas por servicios que en realidad no habían sido prestados”. Según el texto acordado por estos acusados con la Fiscalía sus sociedades no podían realizar donaciones al partido.

Nueve empresarios confiesan que financiaron ilegalmente al Partido Popular con 1,2 millones