El Gobierno condiciona el futuro de los muelles a un acuerdo con la Xunta

El alcalde, Xulio Ferreiro, esperaba que el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno significara un cambio radical para el futuro inmobiliario pero, por ahora, esta expectativa no se está cumpliendo, como reconoció en un comunicado esta misma semana. El delegado del Gobierno, Javier Losada, señaló: “Nosotros estamos para cooperar. En el momento en el que el Ayuntamiento, el Puerto, y la Xunta tengan una decisión con respecto a lo que quiere hacer con los muelles, nos sentaremos a la mesa y seguro que llegaremos a un acuerdo”. 

Recordó que aunque el Gobierno tiene unas competencias a través de Puertos del Estado las que tienen que hacer una propuesta son las otras administraciones. “Por lo que me dice la subdelegada del Gobierno (Pilar Lopez-Rioboo), que está trabajando con una comisión que ha puesto en marcha del Ayuntamiento, todavía está en la fase de establecer una propuesta”. 

Una vez la propuesta esté madura, llegará el momento de un acuerdo en el que las tres partes “establecerán lo que consideren oportuno. El Gobierno de España quiere que se financie la Autoridad Portuaria y que el Ayuntamiento tenga la decisión sobre cómo debe ser su ciudad”. También ayer, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobaba el plan de empresa de la entidad para 2019. 

Financiación 
Con respecto a la financiación, se recogen ingresos extraordinarios por 30 millones de euros en 2020, tal como figura en el Protocolo firmado el 18 de abril por el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, que garantiza la titularidad pública de la Solana y de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, gracias a una aportación económica de la Xunta a la que pueden sumarse otras administraciones.

No obstante, los citados 30 millones pueden obtenerse con la senda de este Protocolo o con otra fórmula que aplique Puertos del Estado. La Autoridad Portuaria sigue esperando que Puertos del Estado responda a las mociones que aprobaron todas las instituciones solicitando la liberación de la deuda, en igualdad de trato con el que el Gobierno dio al puerto de Valencia.