El juez cree que Aguirre ideó y supervisó la financiación ilegal del PP de Madrid

12 febrero 2019 página 31 MADRID, 11/02/2019.- La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (c) a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid tras declarar como testigo este lunes en el juicio de los seis acusados por el supuesto
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el caso “Púnica”.


En medio de un intenso calendario de citaciones que abarcan desde el 9 de septiembre hasta el 18 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 citó a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes, relanzando así la investigación y, concretamente, de la pieza que indaga en si el PP que presidió Aguirre se financió ilegalmente las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.


La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el “cabecilla” de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

Fortalecer su figura
Ahora, el juez decide imputar a Aguirre porque la investigación arroja “indicios racionales” de que sería “quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”. “Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la comunidad”, apunta.

Según expone el juez en el auto de imputación, Al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003, los dirigentes “populares” “fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público”.

El juez considera que “el plan implicó en el desvío del dinero público a los consejeros que se avinieron a ello. Fue en una reunión a principios del año 2004 en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, cuando se presentó a los consejeros” al empresario Horacio Mercado.


A esa reunión, que estuvo presidida por Agurre, asistieron también sus asesores de gabinete, así como Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo, el exconsejero Manuel Lamela y la ex directora general de Medios Isabel Gallego.
En el caso de Cifuentes, la imputación obedece al contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco. La expresidenta participó en el comité de expertos que, según explica el auto del juez, “valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor” de la empresa de Arturo Fernández.


“No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación” que dio luz verde a aquel informe con su propio voto a favor, conforme señala el auto, en el que se incide en que se siguió el mismo patrón cuando se volvió a adjudicar el servicio a la empresa de Arturo Fernández en 2011.

El juez cree que Aguirre ideó y supervisó la financiación ilegal del PP de Madrid