El jefe de estudios del colegio Liceo La Paz será una de las siete personas que en los próximos meses se enfrentará a juicio por su responsabilidad en la muerte de Diego Novo, el alumno de cuatro años que falleció ahogado en 2009 durante una clase de natación. El auto de apertura de juicio oral que acaba de dictar la jueza instructora incluye al docente en la lista de acusados, tal como reclamaba la acusación particular –que ejerce el penalista José Luis Gutiérrez Aranguren en representación de los padres del pequeño– y en contra del criterio de la Fiscalía, que había pedido el sobreseimiento al no encontrar “suficientes indicios incriminatorios” respecto a él.

Este responsable se une así a la monitora y el socorrista que la mañana del 30 de marzo de 2009 estaban a cargo de la clase del menor en la piscina, y el coordinador de las actividades acuáticas, el director técnico y los dos propietarios del centro escolar, a los que se imputa por igual un delito de homicidio imprudente. Siguiendo las penas que solicita la acusación particular, todos se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por en relación con el accidente, que según esta parte se produjo como consecuencia de una negligencia de los vigilantes de la clase de natación, pero también de un defectuoso protocolo de seguridad.

 Negligencia por omisión > En el caso del jefe de estudios, esta acusación lo culpa de una “negligencia por omisión”, al igual que al resto de directivos del colegio, por no haber velado por la seguridad de los estudiantes a su cargo al no “exigir el cumplimiento a rajatabla de las escasas medidas existentes”.

Los siete responsables del centro se enfrentan a penas de hasta cuatro años por homicidio por imprudencia

En el escrito de conclusiones que ya ha sido presentado por el representante de la familia Novo Anido se da cuenta de una serie de irregularidades que, a juicio de los acusadores, favorecieron el trágico desenlace. Entre ellas, el hecho de que los vigilantes abandonaran la zona de piscina durante la clase o dejaran desatendida el área de baño una vez que los estudiantes salieron del agua. La más grave es, a ojos de la acusación, que ni el socorrista ni la cuidadora realizasen un recuento de los niños al finalizar la actividad, una norma que, según censura también la Fiscalía, tampoco estaba recogida en la normativa que regía la impartición de las actividades acuáticas, y que se incluyó a raíz del fallecimiento.

 Sin fecha > El auto que acaba de emitir el juzgado de instrucción 3, en el que la jueza detalla contra quién se celebrará juicio y por qué delitos, cierra la fase de investigación y acerca la fecha de celebración del juicio, que todavía no ha sido fijada.

El próximo paso será que la magistrada que dicta esta resolución dé traslado al fiscal para que decida, vistas sus conclusiones, si reconsiderar su postura respecto al jefe de estudios o si, por el contrario, mantiene su criterio, una decisión que en cualquier caso no afectará al número de acusados, ya que el auto no es recurrible.

Una vez se cumpla este trámite, se dará traslado a las defensas de estas siete personas para que, en un plazo de diez días, formulen escrito de calificación provisional, para que seguidamente se fije la fecha de la vista oral en el juzgado que se decida por reparto.

El juicio llegará pasados al menos tres años de la muerte del pequeño y después de una instrucción complicada en la que ha tenido que intervenir la Audiencia Provincial.