Hércules de Armamento prevé que el proceso judicial impida su desalojo de la Fábrica de Armas

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Las últimas noticias sobre un inminente desalojo forzoso de la Fábrica de Armas y sobre la decisión del Ministerio de Defensa de desestimar un escrito de Hércules de Armamento alegando contra esta orden de abandono del complejo no han hecho que la empresa se mueva un ápice de sus convicciones. El director del grupo, Ramón Mejuto, confía en que al haber un proceso judicial en curso no se pueda producir esa salida por la fuerza y descarta marcharse porque la concesión que le otorgaron en su día lleva aparejados unos “derechos”. Además, defiende que ha contado con posibles inversores y que si les “dejan trabajar tranquilos” habrá carga de trabajo para sostener el negocio, volver al equilibrio económico y ponerse al día con los pagos. 

“Hay un proceso judicial abierto desde julio”, afirma Ramón Mejuto, director de Hércules de Armamento, a la hora de preguntarle sobre el estado actual de la relación entre la compañía y el Ministerio de Defensa. Por tanto, al insistir en sí esa situación permitiría el desahucio del que se está hablando en las últimas semanas por el impago del canon de explotación del recinto resume: “Entendemos que no”. 

Todo depende de si ha solicitado o no las medidas cautelares porque, según otras fuentes consultadas por este diario, sí se podría obligar a la firma a marcharse de la antigua Santa Bárbara aún con la toma de decisiones judiciales pendientes. 

En todo caso, Mejuto defiende que el Estado debería tener en cuenta el por qué se llegó al punto de no poder abonar parte del canon de 2017 –y llevar retrasado el de 2018–, por qué los trabajadores no han podido cobrar y por qué ahora no pueden trabajar por la paralización que conlleva la deuda con la Seguridad Social. 

Supuesta persecución
“No es por mala gestión o administración ni por falta de trabajo”, comenta. Para el representante,  todo deriva de que viene sufriendo “una persecución durante seis años” que ha echado para atrás a inversores y también contratos de encargos de todo tipo. 

De esas trabas que se ha encontrado culpa de la misma única y exclusivamente al expresidente del antiguo comité de empresa cuando todavía la llevaba la multinacional General Dynamics. Acusa con nombre y apellidos a “Roberto Teijido Corral” y pone en duda los motivos por los que se les ha atacado utilizando incluso “prácticas mafiosas” y, siempre según sus palabras, dirigiéndose al plano personal. 

De las Administraciones, solo dice que “podrían haber hecho un poco más” para apoyar un proyecto industrial con el que concurrió porque muchos de sus compañeros se lo pidieron y cree que todavía tiene cabida, por lo que se niega a abandonar el recinto por las buenas y prefiere “seguir luchando” con algunos de sus compañeros a su lado, como se puede ver por el movimiento entre las naves, donde asegura que hay tareas de mantenimiento. 

Desde su punto de vista, puede que haya intereses con las parcelas, ya que por casualidad en 2015 pensando en la construcción de un polvorín para atender el pedido de un cliente se topó con una recalificación de parte de los terrenos colindantes, que supuestamente pasaron de ser suelo “industrial a suelo urbano”.

Argumentos para el juez
En un contexto de dudas y de acusaciones cruzadas, Mejuto incide en que solo pide una cosa. “Que nos dejen trabajar, que nos dejen tranquilos”, resume, aludiendo a que la caseta de sus excompañeros en la entrada está instalada de manera “ilegal” y afecta a la hora de conseguir contratos o inversores. Cuenta que con su primer socio se equivocó  él pero que ahora mismo no puede encontrar nuevos inversores porque se echan para atrás al ver la inestabilidad en la que viven.

Esa también viene dada por la amenaza de Defensa, pero a esa cuestión responde asegurando que ahí tiene que decidir un juez, al que presentarán un “plan de viabilidad” y otros argumentos para la supervivencia. 

Sin embargo, mientras podrían trabajar tanto en fabricación de armas –ya tienen una patente y otra en curso– como en piezas tecnológicas, prótesis y otros elementos para mantener la actividad y la productividad en los valles sin encargos armamentísticos.

Respecto al nuevo uso que se le quiere dar al complejo, el director de Hércules de Armamento defiende que hay espacio para hacer compatibles la fábrica, la Ciudad de las TIC e, incluso, el hospital. Pero en todo caso, tampoco se niega a abandonar del todo el recinto si la actividad industrial se deriva a otro lugar. “Si nos diesen cinco años de carencia para consolidar la fábrica y a los clientes y nos ayudan, no me opongo a un posible traslado”, reflexiona.

Hércules de Armamento prevé que el proceso judicial impida su desalojo de la Fábrica de Armas