La cantera de Barrañán dejó de funcionar como tal en 2008. Después de un proceso judicial, tras dos años, la sentencia le daba la razón al Ayuntamiento por haber paralizado su actividad y, con ello, se obligaba a los propietarios a regenerar el espacio. Para ello, lo primero que tendrán que hacer es echar abajo la maquinaria que formaba parte de la planta de tratamiento de áridos. Un primer paso para el que ya tienen permiso, según aseguran desde el Ayuntamiento de Arteixo.
En estos años, la explotación se ha enfrentado a una denuncia del Seprona por el almacenaje de neumáticos y un vehículo y sobre ella cayeron las sospechas de que existiese algún tipo de actividad.
Uno de los aspectos que explican desde la Concejalía de Urbanismo es que el plan de restauración de la explotación a cielo abierto ya está en la Xunta. Sin embargo, parece que la rehabilitación de este entorno será menos ambiciosa de la que esperaba el gobierno local hace dos años.
En este sentido, explican que los propietarios tendrán que “revertir el terreno a su estado original”. Añaden desde le departamento que dirige Alberto Castro que en el gobierno local “esperan que en los próximos meses” procedan a rellenar el hueco minero. El siguiente paso será la reforestación de la cantera.

Zona de escalada
El gobierno local apostaba porque el espacio de al cantera sirviese para ofrecer un área de esparcimiento a los usuarios de la playa o a los vecinos de la parroquia de Barrañán.
Desde la administración municipal aseguran que, previsiblemente, el proyecto para transformar la fisonomía del lugar contase con una zona de escalada, un espacio verde y un aparcamiento. Pero, parece que la restauración pasará en exclusiva por darle un tono verde a las inmediaciones del arenal.
Arteixo cuenta en su territorio con varias explotaciones mineras. Sin embargo, en esta lista hay al menos dos áreas de extracción menos: la de Barrañán que echó el cierre hace ahora seis años y la de Candame que, tras las protestas vecinales y la falta  de las preceptivas licencias hicieron que el Ayuntamiento ordenase su paralización cautelar en 2009 y, dos años después, los juzgados respaldaban su punto y final.