Este dato refleja que la ciudad es el espacio en el que se realizaron ocho de cada diez denuncias en urbes de la provincia, mientras que Santiago y Ferrol solo registraron el 20%.

Precisamente los núcleos urbanos son aquellos en los que se produjeron la mayor parte de las denuncias, en concreto el 41%. Mientras, el 34% tuvieron lugar en municipios de carácter semiurbano y el 25% en el rural.

Cabe destacar que el 80% de los menores que consumían alcohol estaban en un espacio público al aire libre y el 18% en establecimientos de hostelería, discotecas o pubs, un aspecto que aumenta hasta el 23% en el ámbito rural.

Esta ley está en marcha desde el año 2011, en el que de todas las denuncias realizadas el 15% contaron con menores implicados. Un año después este porcentaje se incrementó hasta el 21%, mientras que en los dos años posteriores cayó casi a niveles de 2011.

Sin embargo, en los últimos tres años el porcentaje de denuncias con menores implicados en el consumo de alcohol se multiplicó notablemente y en 2015 ya era del 34,9%. El registro más alto fue el del año pasado, cuando se alcanzó el 61,7%.

Estos datos proceden de un estudio presentado por la Jefatura Territorial de Sanidade en el Congreso de Epidemiología de las Sociedades Científicas de Epidemiología de España y Portugal. Desde la entrada en vigor de la ley  se prohibe el consumo de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años independientemente de su graduación, la venta de alcohol a estos menores y a cualquier edad entre las diez de la noche y las nueve de la mañana, con la excepción de locales autorizados para su consumo. 

También acota el acceso de los menores a locales y establece limitaciones a la publicidad del alcohol, así como las promociones que inciten al consumo abusivo de alcohol.

De acuerdo a los datos de este estudio, el promedio de edad de los menores denunciados se sitúa en los 16,6 años, aunque también destacan que un 17% son menores de 15 años.

Un dato calificado como “sorprendente” en el estudio tiene relación con los padres o tutores de los menores infractores. Así, de los registros analizados, el 49% de los responsables informados en el momento de la denuncia recogen al menor personalmente o delegan en los padres o tutores de otro infractor. Lo que llama la atención es que en algunos casos existe “un grado elevado de tolerancia” ya que dicen que ven normal que sus hijos beban alegando que “todos o fixemos” o “todos fumos mozos”. Esto es interpretado por los autores como una falta de reconocimiento de la “gravidade do problema”.