Hacienda envía a la Fiscalía la regularización del rey emérito

Imagen de archivo del rey emérito, Juan Carlos I | AEC
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La regularización voluntaria de 678.393,72 euros por parte del rey emérito sitúa ahora el foco en la Fiscalía, que ya recibió la documentación de Hacienda y ahora procederá a estudiarla detenidamente para determinar “la incidencia” que puede tener en las diligencias abiertas a Juan Carlos I.

Hacienda envió toda la documentación relacionada con la declaración tributaria del rey emérito, de modo que ya consta en las actuaciones de la Fiscalía, que mantiene abiertas tres investigaciones al monarca, ninguna de ellas judicializada.

Ahora el equipo de fiscales del Tribunal Supremo se va a centrar en analizar el contenido de esa regularización, tanto la cuantía declarada, como los períodos impositivos a los que se corresponde, para después valorar “jurídicamente” la incidencia que podría tener en el contenido de la investigación, precisan.

En el caso de que la Agencia Tributaria no detecte ninguna infracción administrativa, previsiblemente tampoco habría una penal, de modo que el caso podría estar abocado al archivo, explican las fuentes consultadas.

En un escueto comunicado, la defensa del rey emérito anunciaba ayer por la tarde la presentación de una declaración voluntaria para saldar una deuda con Hacienda de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos.

Así se adelantó a un eventual requerimiento de la Agencia Tributaria o a la presentación de una querella por la Fiscalía, que hasta el momento se encontraba investigando el alcance penal de la situación. Es decir, evitaba la presentación de acciones por presunto fraude fiscal.

 

Código Penal

El artículo 305.4 del Código Penal castiga el fraude a Hacienda cuando el importe exceda de 120.000 euros con una pena de prisión de uno a cinco años, pero establece una excepción: “salvo que hubiere regularizado su situación tributaria”.

Ésta se entenderá regularizada cuando se haya procedido al “completo reconocimiento y pago de la deuda” antes de que la Agencia Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones, de que la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el representante de la Administración “interponga querella o denuncia” o de que el ministerio fiscal o el juez “realicen actuaciones” que le permitan conocer la iniciación de diligencias.

A falta de saber qué ficha mueve el ministerio público, el rey emérito tiene abiertas otras dos investigaciones en la Fiscalía: una sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca, y otra muy reciente incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

El fiscal de Sala Juan Ignacio Campos dirige las tres líneas de investigación junto con su equipo y, en el caso de dos de ellas, también con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

En las próximas semanas la Fiscalía prevé presentar su informe en relación a la primera investigación, la de la supuesta cuenta en Suiza, donde debe determinar si estaba protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución o si los hechos transcendieron más allá de 2014.

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