Los negociadores de la Xunta en el conflicto de la justicia irán el lunes a la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), donde han convocado al comité de huelga, con voluntad de “hablar” sobre las reivindicaciones que están sobre la mesa, aunque el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ratificó que no habrá una nueva mejora económica.
Si se cumple el guion serán el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y su homólogo de Función Pública, José María Barreiro, los que se sentarán con los miembros del comité para intentar desbloquear una huelga indefinida que empezó el 7 de febrero y ha provocado la suspensión de juicios y trámites jurídicos.
Rueda reivindicó la “actitud negociadora” de la Administración gallega, que “nunca” se ha cerrado al diálogo. Eso sí, el también conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza dejó “claro” que “hay una oferta económica encima de la mesa” (que oscila entre los 816 y los 1.080 euros en función del cuerpo de funcionarios) y que situaría a los trabajadores de la comunidad “por encima de la media”. “Esa es la oferta de la Xunta y no va a haber una mejora”, avisó.
Por su parte, los sindicatos de justicia no son optimistas en relación a la reunión, sobre todo después de las declaraciones de Rueda. Con todo, la intención, según distintas fuentes del comité de huelga consultadas por Europa Press, es acudir, si bien sostienen que Rueda debería estar presente y no enviar a quienes hasta ahora han ejercido como negociadores. Las expectativas, en todo caso, “son malas” y, si no hay acuerdo, los representantes de los trabajadores auguran que el conflicto puede ir “para largo”.
Seguimiento
La justicia vivió ayer su octavo día de huelga con un seguimiento similar que, según los sindicatos, ronda el 90 por ciento, mientras que la Xunta lo rebajó al 40,15%.
Además, ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lanzó una advertencia sobre las protestas dentro de los juzgados: “Desde un pleno respeto de los derechos de huelga y libertad sindical, considera que su debido ejercicio es incompatible con la realización en las dependencias judiciales de actos destinados a impedir o alterar el ejercicio de la función jurisdiccional, íntimamente ligado a la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva, que corresponde a todos los ciudadanos”.
Por su parte, la diputada de En Marea Yolanda Díaz reclamó que se les dé a los funcionarios “las mismas condiciones que en otras comunidades” y la portavoz del BNG, Ana Pontón instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a “dialogar” en lugar de echar “más gasolina al fuego”.
