Las últimas noticias en forma de acusaciones aparecidas en Sada ya hacían presagiar un pleno no precisamente amistoso. Los choques entre los concejales del Gobierno local y del grupo municipal del PP, así como los del PDSP con los propios populares, fueron una constante en una sesión ordinaria que, por el orden del día inicial, anunciaba poca cosa a principios de semana.
Pero no solo la previa del pleno fue la que calentó el ambiente sino que, recordando los celebrados durante el último año del mandato de Ernesto Anido, el portavoz del PDSP, Emilio Gómez, tenía con qué hacerle daño.
Así, el concejal de Sada Popular desveló que Anido será finalmente juzgado por prevaricación en el caso de la contratación de la coordinadora.
Emilio Gómez afirmó que la Fiscalía ya ha comunicado al juzgado –así como a las partes personadas en la causa– su intención de acusar a Anido por irregularidades en el modo en que se contrató a Belia Vellón, quien, como el propio exalcalde reconoció en su declaración judicial, participó en la elaboración de las bases para ese puesto.
Hay que recordar que fue el propio PDSP el que reveló en un pleno unos correos que posteriormente trasladó a la Fiscalía. Por el juzgado han pasado tanto Anido como Vellón en calidad de imputados –ahora investigados–, así como varios funcionarios del Ayuntamiento para testificar sobre este asunto.

mociones del pp
Antes de eso, uno de los puntos más calientes de la sesión fue, como cabía esperar, el relativo a la moción de reprobación presentada por el PP contra los concejales del Ejecutivo Zeltia García, Miguel Tenreiro, Raquel Bolaño e Isabel Reimúndez, a quienes acusa de cobrar “ilegalmente” del Ayuntamiento al no haber solicitado hasta meses después de iniciarse el mandato la compatibilidad con sus otros trabajos y no ser aprobados por el pleno.
A pesar de que no consideraban que este asunto fuera urgente, el Gobierno local aceptó su debate y fueron cada uno de los ediles aludidos los que se encargaron de contestar personalmente a las palabras de los populares, defendiendo que el informe elaborado por el departamento de Secretaría es claro al respecto y autoriza a los implicados a desarrollar tanto su labor fuera del consistorio como la que desempeñan en sus áreas de Gobierno. Durante alguna de estas intervenciones se vivieron momentos tensos.
Por otra parte, a propuesta del PP también se debatió la creación de una comisión informativa especial “para esclarecer las irregularidades detectadas en las alegaciones” al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) “correspondientes a la zona de O Tarabelo”, así como la celebración de un pleno extraordinario para dar a conocer los resultados de esa comisión.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Francisco Montouto, le replicó al grupo popular que no es función del Ayuntamiento tratar este asunto, sino que deberá ser la Fiscalía la encargada de este.