11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La marcha de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y la desestimación unilateral del contrato. Son las dos causas que aduce la Sociedad de Fomento (SDF), concesionaria del Palacio de la Ópera, para tener que realizar un ERTE en su plantilla. Después de que el BNG denunciase el caso y el Ayuntamiento considerase excesiva la medida con los trabajadores, la empresa señala que la situación se debe a la grave caída de ingresos provocada por las decisiones del Gobierno local.
Según confirman fuentes de la compañía, el contrato firmado entre el Consorcio y SDF en el año 1992 recogía un acuerdo para el alquiler de determinadas instalaciones y servicios para la Sinfónica por la cual el Ayuntamiento paga actualmente cada año 741.920 euros más IVA a la empresa concesionaria del edificio.
La irrupción del Covid-19 y el estado de alarma interrumpieron la labor de los músicos coruñeses, pero cuando se inició la progresiva desescalada la Gerencia del Consorcio solicitó volver a usar el Palacio de la Ópera para ensayar y grabar conciertos para retransmitir en streaming a sus abonados a partir del 25 de mayo.
Para esta labor, según señalan desde la concesionaria, hubo que ampliar el espacio habitual –para cumplir con las medidas de distanciamiento por el coronavirus– lo cual “implicó más personal, más limpieza, más suministros, en definitiva, más costes”. Por ello, se acordó entre ambas partes que el exceso de servicio se compensase con el mes y medio que duró el estado de alarma y en el que no se había podido utilizar el Palacio de la Ópera.
Cambio
En ese momento, explican, SDF sacó al personal necesario del ERTE al que se vio abocado por el estado de alarma. Sin embargo, el pasado 26 de junio el Ayuntamiento envió a la concesionaria una notificación en la que, de manera unilateral, comunicaba el desestimiento del contrato con SDF a partir del 31 de diciembre de 2020. Los dos motivos que esgrimía el Gobierno local eran, por una parte, la propia situación provocada por el Covid y, por otro, el traslado de la OSG al Coliseum, que se convertiría en su nueva sede, dejando el Palacio de la Ópera. Además, en la misma notificación, se indicaba que el Consorcio no iba a pagar el alquiler de las instalaciones correspondiente a este año, tan solo el primer trimestre, “a pesar de existir un acuerdo por escrito sobre la compensación de los días”, comentan fuentes de SDF. Después de esta notificación, el Consorcio siguió usando las instalaciones del Palacio, requiriendo de los servicios necesarios para la actividad y acordados en el contrato.
El pasado mes de agosto, con todo, la Gerencia del Consorcio comunicó a SDF que a partir del 1 de septiembre la Sinfónica dejaría el Palacio de la Ópera de forma definitiva para trasladarse al Coliseum, aunque en la actualidad la OSG sigue usando el edificio anexo al Palacio como oficina, camerinos o almacén y también sigue realizando eventos puntuales en el auditorio y otros espacios del inmueble. “Estas necesidades y peticiones que SDF continúa recibiendo por parte de la OSG son, como siempre, bien acogidas, y se mantienen los servicios regidos por el contrato”, explican desde la empresa, que está pendiente de mantener una reunión con la Concejalía de Turismo y el Consorcio para tratar la situación actual y el panorama futuro.
Desde SDF señalan que será el próximo mes cuando ambas partes mantengan un encuentro, en el que la concesionaria quiere conocer si la situación es temporal debido al Covid o definitiva, en cuyo caso, señalan, tendrían que formular un nuevo plan de negocio para hacer viable la gestión, ya que la marcha de la OSG deja mermado el uso del Palacio de la Ópera y lo mismo que la cancelación de conciertos y espectáculos estos meses por las restricciones sanitarias.
A ello se une también el caso de Palexco, también perjudicado por las cancelaciones de eventos y congresos y por el cierre del ocio nocturno del Centro Comercial de Los Cantones, lo que ha obligado a SDF a aplicar un nuevo ERTE a la mitad de su plantilla, “ya que la situación de ingresos actualmente es de cero euros”, explican. Esta herramienta laboral, dicen, permite que se pueda levantar la suspensión de empleo al personal necesario en cada caso cuando la OSG pide el uso de las instalaciones, manteniendo los puestos de trabajo “sin necesidad de tomar medidas más drásticas”. l
