Fijan fianzas de 100.000 euros para los seis detenidos por pesca ilegal en la Antártida

El armador Antonio Vidal Suárez, sus hijos Manuel Antonio, Belén y Ángel Vidal Pego, y su yerno, Joaquín Pérez Mariño, así como el contable Francisco Rama Gago ingresaron ayer en prisión como consecuencia de los autos dictados por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. 
Les acusa de delitos contra el medio ambiente, blanqueo, falsedad documental e integración en banda criminal como consecuencia del resultado de las investigaciones practicadas por la Interpol y una unidad especializada de la Guardia Civil y que, por ahora, concluyeron con la detención de esas personas y la imputación de otras dos: la mujer del armador y un empleado de la empresa Vidal Armadores.

fianza
La jueza atendió la petición del Ministerio Fiscal de prisión preventiva para los detenidos eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros, rechazando la formulada por las defensas para que se les otorgase la libertad provisional en atención a las circunstancias de arraigo familiar y social. 
Instantes después de que trascendiera el contenido de estos autos judiciales, empezó a comentarse que la familia no tendría demasiados problemas para hacer frente al pago de las fianzas. 
Por ello, en las resoluciones de la magistrada se hace constar que de consignarse ese dinero, los investigados que darán sometidos a medidas tales como la prohibición de salir del territorio español, la entrega del pasaporte en el juzgado que instruye la causa, la presentación quincenal ante el juzgado de instrucción de su domicilio, la fijación de un teléfono y un domicilio donde poder ser localizado y la indicación de una persona para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos. 

JUSTIFICACIÓN
Las medidas cautelares se adoptan en este caso porque la juez estima que existe riesgo de fuga. Pese a que reconoce que los investigados acreditan tener arraigo, domicilio fijo y familia en España, la naturaleza de los hechos y la gravedad de la condena -muy superior a los dos años de cárcel-, aconsejan la prisión provisional y las otras de carácter subsidiario en caso de que abonen las fianzas, con el fin de asegurar su presencia en el juicio oral y el eventual cumplimiento de la pena que puede imponérseles. Subraya que el citado riesgo se acentúa por la facilidad que tienen los implicados, por sus recursos y medios, “de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española”.
A ello, Carmen Lamela añade que existe una alta probabilidad de “reiteración delictiva”, así como de que puedan alterar elementos relevantes para la investigación de los delitos, así como de evitar las trabas e intervenciones del patrimonio ilícito de los implicados. 
De todos modos, determina que, en atención a las especiales circunstancias de arraigo familiar y social invocadas por la defensa de los investigados en su comparecencia judicial, “los intereses en conflicto deben ser ponderados y equilibrados mediante la fijación de una fianza como condición para decretar su libertad provisional en la causa”, que se cifró en la cantidad anteriormente citada.

GRUPO ORGANIZADO
En el auto se señala que los hechos investigados ponen de manifiesto a través de indicios que la familia Vidal Pego estructuró un grupo organizado, cuya dirección la componen los cinco integrantes de la familia riveirense que entraron en prisión y la mujer del armador. Añade que en un círculo cercano a los dirigentes y con cometidos relevantes se sitúan otras personas con responsabilidades de contabilidad, gestión de personal, logística de los buques y similares, entre las que los investigadores sitúan a Francisco Rama. En el último escalafón del grupo están personas que ocupan cargos de responsabilidad en los buques, generalmente de nacionalidad española y de plena confianza de la dirección, tales como capitanes de barcos, patrones de pesca y jefes de máquinas, entre otros.
Carmen Lamela sostiene que este grupo, a través de un entramado de empresas nacionales y extranjeras, es responsable de la pesca ilícita de merluza austral (Dissostichus eleginoides) en aguas reguladas por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos desde, al menos, el año 2006. Agrega que para esas prácticas utiliza diversos buques registrados a nombre de empresas con sede en terceros países -paraísos fiscales como Belize, Suiza o Panamá-, con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre. La magistrada precisa que los beneficios obtenidos por la supuesta actividad ilícita fueron blanqueados a través de un “entramado societario” situado en España y el extranjero.