La redacción de la Ley de Servicios Profesionales ha levantado ya las primeras ampollas en los colectivos afectados por el borrado. Y es que arquitectos, abogados y farmacéuticos verán reducidas sus competencias profesionales en caso de que la nueva norma sea aprobada. Por ello, los primeros en alzar la voz han sido los arquitectos. A la preocupación suscitada en el seno del colectivo, se une la iniciativa de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de A Coruña, que ya han organizado la primera actuación para mostrar su malestar.

El presidente del COAG participará en la primera asamblea de la Escuela Superior

El próximo miércoles, coincidiendo con la celebración del primer encierro del año en contra de los cambios en el sistema universitario público, los alumnos han programado la primera asamblea abierta en la que participará la propia dirección del centro y la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos. Su presidente, José Manuel López Mihura, ha confirmado su presencia en el acto y ha querido mostrar su apoyo total a todas las iniciativas que vayan encaminadas a la defensa de la profesión. De esta forma, la unión entre los docentes del centro, los alumnos y futuros titulados y los ya ejercientes se hace mucho más firme, así como su oposición a que la nueva norma sea aprobada.

nueva regulación

Para ello, desde el Colegio de Arquitectos se está llevando a cabo una estrategia centrada en tres líneas de actuación. La primera, y ante la que piden “contención”, es la negociación. En conversaciones con el Ministerio se está negociado el borrador, que el propio Mihura califica como “muy lesivo para nuestros intereses”. A este respecto, el presidente señala que este proceso está dando “buenos frutos”. La sensibilización es otra de las líneas de actuación, y en este área se enmarca la asamblea del miércoles. Y, en último lugar, el colectivo contempla las distintas opciones de movilización, que ya avanzan que se producirán en caso de que fracasen las negociaciones sobre el borrado de la ley. El presidente argumenta que se trata de “un ataque frontal a la profesión”.