11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El Gobierno municipal maneja tres posibles salidas para el nuevo contrato de recogida de basura después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia(Tacgal) anulase su adjudicación a la empresa que recibió la mejor puntuación en el concurso, pero cuya propuesta contenía varios aspectos por lo que debía ser excluida.
Después de que el tribunal autonómico estimase en su totalidad el recurso presentado por Copasa, segunda con mayor puntuación, y parcialmente el de Cespa, tercera, el Ayuntamiento tiene que decidir qué hacer después de que se excluyese a FCC Ingeser, que había ganado el proceso en primera instancia.
El Tacgal anuló la adjudicación tras encontrar varios motivos para excluir a la ganadora
del proceso
Ahora, la Mesa de Contratación tendrá que decidir si es viable y adecuado adjudicar el contrato a la segunda clasificada. Esta es la primera opción que se maneja después de la resolución del Tacgal, pero no la única.
La segunda de ellas pasa por considerar que Copasa tampoco reúne todos los requisitos para ello puesto que se está a la espera de la resolución de un recurso que la tercera clasificada presentó contra la segunda y centrada en el apartado de los camiones de recogida. Entonces, se adjudicaría a la oferta que recibió la tercera mejor puntuación.
En caso de que no se den las circunstancias para ninguna de estas dos opciones, al Gobierno municipal le quedará la última vía, la de volver a empezar la licitación con el objetivo de que se eviten los problemas que están provocando recursos. Esta opción cuenta con el hándicap de que sería la más larga y abocaría a continuar con el servicio sin contrato durante más de medio año.
Vía judicial
Esto chocaría con los intereses del Ayuntamiento de que entre en vigor lo antes posible para poder contar con un servicio más adaptado a las necesidades actuales y además acabar con las facturas pagadas con reparos de legalidad.
Este panorama es el existente a falta de poco más de dos meses para que se cumplan tres años desde que expiró el anterior contrato. Ahora el Gobierno local deberá decidir qué camino tomará, aunque también estará a expensas de la posibilidad de que alguna de las empresas decida acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo para recurrir el dictamen del Tacgal.
El proceso de licitación del nuevo contrato comenzó el 30 de julio del año pasado, aunque tuvo que cancelarse y volver a abrirse posteriormente por errores en los pliegos. Desde entonces acumula varias rectificaciones y se tuvieron que hacer 13 aclaraciones por las dudas que planteaba el proceso a las empresas presentadas.
