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Área Metropolitana

El Ayuntamiento estudia que una normativa regule la concesión de ayudas de emergencia social

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El Gobierno local no quiere escatimar en esfuerzos de cara a ayudar a los más necesitados de la localidad. De este modo, la Concejalía de Bienestar ha fijado en las ayudas destinadas a la emergencia social uno de sus principales objetivos para este mandato, ya que el período de crisis económica ha hecho mucho daño a no pocas familias en Sada.
Si hace algunas semanas, poco antes de que se aprobaran los presupuestos municipales, el departamento dirigido por Isabel Reimúndez anunciaba un incremento en la partida destinada precisamente a la emergencia social y que asciende para este año a los 55.000 euros, ahora anuncian que se trabaja en la elaboración de una normativa que regule la concesión de las ayudas a aquellos que realmente las necesitan.
Este reglamento deberá pasar por el pleno de la corporación para ser aprobado y, previsiblemente, será a partir del mes de marzo cuando se pueda elevar a este órgano municipal.
Como explica Reimúndez, la nueva normativa servirá para garantizar “un reparto xusto” entre los que más lo necesitan, ya que gracias a esta regulación existirá “un control riguroso” en esa concesión.
Esta es por tanto una propuesta de Bienestar “meramente técnica” para darle este carácter regulador a algo que carecía de ello y que sí existe, por ejemplo, en otros ayuntamientos.
Para la concejala, se trata de un documento “necesario” para todos aquellos que solicitan ayudas para distintas necesidades como pueda ser el pago del alquiler u otras necesidades básicas, así como ayudas para evitar desahucios, dotación de equipamientos para la vivienda –o reparaciones en esta–, trabajos de prevención en los jóvenes, libros o ropa para menores, gastos farmacéuticos o ayudas para el transporte de cara a facilitar el traslado a A Coruña para hacer gestiones o ir al médico.
En este reglamento, señala Reimúndez, se especificará quiénes pueden ser, en cada caso, los beneficiarios de estas ayudas económicas en función, por ejemplo, de la renta, de los miembros de la unidad familiar o del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

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